La OMC insta al Estado español y a Grünenthal a compensar a las víctimas de la talidomida

Para la OMC, la negativa de la farmacéutica alemana Grünenthal a reconocer y reparar la tragedia causada por la talidomida es «una burla a los derechos humanos» e insta al Estado español para que, con la mayor diligencia posible , « reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados y proceda a su compensac ión», por entender que el plazo que dio en su día fue insuficiente.

Como se ha puesto de manifiesto ante la Asamblea General y se recoge en el propio Documento, la OMC se siente en la obligación de aportar este Informe ante una «clara vulneración de los valores y principios que defiende la profesión médica y por el mandato deontológico de apoyar a las víctimas de la talidomida», que llevan más de 50 años esperando ser compensadas por los graves efectos y malformaciones sufridas a consecuencia de este fármaco.

Responde también a la petición de ayuda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE). Son víctimas de una situación que ocurrió entre finales de los años 50 y principios de los 60 y que provocó el nacimiento de miles de bebés con malformaciones en las extremidades, tras la ingestión del fármaco por las madres embarazadas para paliar las náuseas.

Las víctimas, que en España se calculan en más de 500 actualmente, llevan años reclamando indemnizaciones, pensiones y ayudas como las existentes en otros países europeos. Consideran que su situación es un agravio comparativo, ya que España es el único país en el que los afectados no reciben apoyo alguno ni del Estado ni de la farmacéutica Grünenthal, propietaria del fármaco.

El colectivo médico se suma así al apoyo que las víctimas han recibido del Parlamento español, del Parlamento Europeo y del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre que desestimó los recursos planteados por la Asociación de Víctimas de la talidomida en España (Avite) por considerar que habían prescrito, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en octubre de 2014, revocó la decisión de la jueza de Primera Instancia número 90 de Madrid, que condenaba a la farmacéutica alemana Grünenthal a indemnizar a los afectados por la talidomida.

En el Documento se pone en evidencia la indefensión en que se encuentra el colectivo de afectados por la talidomida en España, tras años de sufrimiento y olvido, debido en parte a una «actitud negligente tanto de la Administración como de la compañía farmacéutica responsable».

En él, se expone, en primer lugar, cuáles son los motivos que han llevan a la corporación médica a elaborarlo; se hace una introducción a la realidad del problema, un análisis de las causas y los efectos de la embriopatía por talidomida y se incluye un análisis de responsabilidades de las consecuencias del fármaco sobre el paciente por parte del laboratorio comercializador, la Administración que lo autorizó, el médico como prescriptor y el farmacéutico como dispensador, entre otros agentes.

Las razones deontológicas y científicas; una valoración médico legal; consideraciones éticas y la situación en los países de nuestro entorno conforman el resto de apartados de este Documento.

El Documento hace un relato histórico de lo ocurrido con la talidomida en todo el mundo desde que en 1961 fue detectada la capacidad teratógena del fármaco, con todo lo que ha conllevado desde el punto de vista administrativo y judicial. En España, en concreto, se expone como muchos padres de afectados ignoraron la causa de las malformaciones de sus hijos porque no solo no se les informó, sino que se negó la realidad y se ocultó el problema. Incluso, asegura que, cuando se retiró la talidomida, los comerciales tenían instrucción expresa del laboratorio alemán de no informar a los médicos de la causa de la retirada.

Con la documentación analizada, el Informe argumenta que «el laboratorio presentó a los médicos una información científica de seguridad un tanto falaz» y los médicos prescriptores actuaron con la evidencia de que disponían que era la «enorme seguridad y falta de toxicidad» proclamada por la compañía farmacéutica y no desmentida por las autoridades sanitarias.

También considera que el laboratorio dañó la imagen y profesionalidad del médico porque, si bien en España las personas podían obtener sin receta fármacos con talidomida, el médico también los prescribía, asumiendo la información que recibía directa o indirectamente del laboratorio sobre su eficacia y seguridad.

Sobre la responsabilidad del médico, considera que está condicionada por la ficha técnica que, por entonces no existía en los términos actuales y la información científica que proporcionaba el laboratorio. De la información que se dio a los médicos se desprende que el medicamento no se comercializó para su uso en las náuseas del embarazo como tantas veces se señala y su inocuidad para el feto no fue un hecho constatado en la literatura científica habitual. Y recoge como fueron los propios médicos, en concreto dos pediatras alemanes, los que dieron la voz de alarma en 1961 ante lo que estaba ocurriendo.

También se pone de manifiesto la lentitud con la que la autoridades españolas tomaron las decisiones de retirada del fármaco, ya que mientras en Alemania la propia empresa lo retiró en noviembre de 1961, en España no se prohibió su comercialización hasta mayo de 1962 e, incluso, la anulación de las de las autorizaciones está fechada el 21 de enero de 1963, todo lo cual agravó severamente los problemas.

En el documento se pregunta si se podía haber evitado la tragedia y explica porque en Estados Unidos no se autorizó su comercialización gracias al «acierto, previsión y profesionalidad» de algunas personas que «resistieron la presión de la industria farmacéutica». Considera que, aunque Grünenthal había hecho experimentos exclusivamente en ratas y ratones gestantes con resultados negativos, debería haber extremado las precauciones y, en cualquier caso, estima que tenía que haber retirado el fármaco del mercado de forma inmediata.

El documento hace una valoración médico legal y valora la sentencia de Tribunal Supremo relativa a la prescripción de las acciones para concluir que en ocasiones la verdad jurídica dista mucho de la verdad biológica y que las leyes o sentencias judiciales, aunque legítimas, pueden ir en contra de una ética social.

Resalta que la utilización de la talidomida hace más de 50 años no ha constituido sólo un problema sanitario, sino también un problema ético, al considerar que lo ocurrido fue una tragedia, consecuencia de una gestión errónea e interesada de la farmacéutica, cuya negativa a reconocerlo y después a repararlo constituye, en la práctica, una «burla a los derechos humanos» . Para la OMC, esta catástrofe no puede quedar sumida en el olvido y aboga por sensibilizar a la sociedad y activar una «radical postura ética» de las instituciones y gobiernos para que se resuelva esta «gran injusticia social».