«Inminente» decisión del Gobierno sobre el futuro de Garoña

Un documento con el que se mostraba favorable a la reapertura, pero con una serie de condiciones, vinculadas a la seguridad de las instalaciones. La planta está operada por Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola), que sería la responsable de hacer frente a las inversiones necesarias para que Garoña pudiera volver a funcionar, ya que está parada desde 2012.

Al margen de la decisión del Gobierno, que el sector apunta a que podría ser a favor de su reapertura, el problema al que se enfrenta la reactivación de la planta es la discrepancia interna entre las dos empresas que forman parte de Nucleor.

Iberdrola no ha ocultado en ningún momento su posición contraria a volver a invertir en Garoña , ya que considera que no es rentable. Por su parte, Endesa ha pedido esperar a la decisión del Gobierno.

Hace unas semanas la ruptura entre las socias evitó, incluso, que se presentaran alegaciones ante el Ministerio de Industria. De esta manera, queda en el aire saber si la decisión del Gobierno es relevante, dado que podría renovar la licencia de la central y que aún así la empresa cierre para siempre.

El escenario no sería nuevo. En diciembre del año 2012 Nuclenor paró el reactor para evitar el pago de impuestos en el nuevo año después de meses de polémicas y tras revertirse su sentencia de muerte. Y es que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero había firmado su orden de cierre para julio de 2013. Con la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa se dio la vuelta a la situación, pero fue en balde. La planta entró en parada igualmente por decisión empresarial.

Al conflicto empresarial se suma el rechazo de casi todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados. El Gobierno se encontraría solo al frente de un hipotético visto bueno y tendrían en contra, además, a la mayoría de las partes personadas en el periodo de alegaciones, sobre todo ecologistas y comunidades autónomas limítrofes, sobre todo, el País Vasco. Sólo ha sido respaldada la continuidad en este proceso de consulta por la Junta de Castilla y León y parte del entorno local donde está instalada la central burgalesa.