El informe de fiscalización de la Iglesia del Tribunal de Cuentas «roza la prevaricación»
La ponente, amiga de Carmen Calvo, avisó a la Conferencia Episcopal de que no se considerarían sus «comentarios» como «alegaciones»
Los tres autores del proyecto de informe sobre la fiscalización de la Iglesia del Tribunal de Cuentas podrían haber cometido un delito de prevaricación, según indicaron ayer a ABC fuentes conocedoras del caso. Así lo podría demostrar además una carta enviada el 25 de noviembre del año pasado a la Conferencia Episcopal Española (CEE) por Enriqueta Chicano Jávega, una de los tres ponentes del polémico informe provisional, en el que se acusa a la Iglesia de incumplir la ley con el destino que da a los fondos que recibe de la asignación tributaria.
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En esa misiva --a la que ha tenido acceso ABC-- Chicano Jávega, amiga personal de Carmen Calvo, informa que el Tribunal de Cuentas se encuentra «realizando la fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado (AGE) en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017».
«No se publicarán»
Chicano Jávega explica que dado que el ámbito de la fiscalización toca «las actuaciones realizadas por la AGE en torno a la asignación tributaria a la Iglesia católica», el Tribunal de Cuentas ha considerado «oportuno» remitirles el informe para que la Conferencia Episcopal «pueda formular comentarios que puedan ser relevantes» para el Tribunal «en la redacción definitiva del informe de fiscalización». Sin embargo, la ponente añade a renglón seguido que dichos comentarios, «no serán considerados alegaciones» y, por ese motivo, «no se publicarán junto con el informe de fiscalización que eventualmente apruebe el Tribunal de Cuentas».
En todo proceso de fiscalización, los afectados tienen derecho a presentar sus alegaciones antes de que el informe provisional sea firmado y presentado en la Comision de Fiscalización del Tribunal, que es quien se encarga de modificarlo o dar luz verde al texto. Es el primer filtro que debe superar cualquier proyecto de informe antes de que sea presentado al Pleno, que es el órgano responsable de aprobarlo o tumbarlo definitivamente.
«Por un lado dicen que están fiscalizando la actuación de la Administración del Estado, pero luego hacen una fiscalización de tomo y lomo de los gastos de la Iglesia originándoles indefensión porque no los considera fiscalizados», explican las mismas fuentes.
La Conferencia Episcopal respondió a la carta de Chicano Jávega el 18 de diciembre de 2019 para manifestar su «perplejidad» por el contenido del proyecto de informe, al ver que «no se había quedado limitado» a los organismos de la AGE. Y, en cambio, se trataba de «una auténtica fiscalización de la actividad de la Iglesia católica, que se convierte de ese modo en el verdadero objeto de un informe que, en aplicación de la normativa vigente, hubiera debido afectar exclusivamente a la AGE». En la misiva --a la que ha tenido acceso ABC- Además asegura que su «alcance y contenido constituyen una extralimitación de las funciones del Tribunal de Cuentas» y se trata de «un indisimulado intento de someter al control del Tribunal de Cuentas la actividad de la Iglesia católica».
Un departamento del Tribunal de Cuentas diferente a la de los tres ponentes que han elaborado este polémico proyecto de informe ya ha planteado sus alegaciones. Consideran que el escrito «excede los ámbitos subjetivos y objetivos de la fiscalización» y recuerda que «no procede que el Tribunal de Cuentas pretenda realizar interpretaciones sobre el contenido que debe tener la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia o sobre las finalidades a que puede destinar lo recibido como asignación tributaria», entre otras muchas cuestiones.
Este documento de alegaciones será debatido junto al proyecto de informe en la próxima reunión de la sección de Fiscalización.
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