Incautan 45 toneladas de atún congelado que se comercializaba como fresco

La operación «Atunali», que ha tenido lugar en Alicante, Murcia, La Coruña y Barcelona, fue iniciada el pasado mes de enero por el Seprona de la Comandancia alicantina y ha contado con la colaboración de Interpol y Europol, según ha informado el Instituto Armado.

Por el momento hay cuatro personas investigadas -de entre 49 y 59 años-, a las que se atribuye un delito contra la salud pública , fraude a los consumidores y falsedad documental, por los que se pueden enfrentar a penas de uno a cuatro años de prisión y a posibles sanciones administrativas.

En una primera fase de la operación, que continúa abierta, los agentes inmovilizaron 10 toneladas de atún de la especie atún patudo por no disponer de la trazabilidad necesaria para su comercialización.

Después, localizaron en otro establecimiento mayorista varios lotes de atún congelado de aleta amarilla que no contaban con certificación de origen ni del sistema empleado para su congelación; el cuerpo comprobó que la empresa troceaba el pescado, procedente del Atlántico, y posteriormente lo distribuía como descongelado o elaborado con aditivos.

En este fraude han intervenido otras tres empresas y los tres armadores de los buques de captura, de nacionalidad francesa, salvadoreña y panameña

Con la ayuda de la Red Europea de Fraude Alimentario de la Comisión Europea, el Seprona comprobó que los barcos utilizados no disponían de un sistema de congelado por inmersión en salmuera adaptado a la nueva legislación, que establece temperaturas inferiores a -18º C para el consumo humano.

Las naves, dedicadas a abastecer a empresas conserveras, destinaban el sobrante de las capturas al mercado clandestino, donde varias distribuidoras lo compraban a un precio muy por debajo del valor para capturas frescas.

Tras descongelar el atún, los investigados procesaban su carne con aditivos que inyectaban en cantidades muy superiores a las recomendadas con el objetivo de otorgarle un aspecto similar al fresco.

De esta forma, el pescado, que solo estaba autorizado para consumirlo en conserva con un valor inferior a los tres euros por kilo, se ponía a la venta como fresco por cantidades de hasta 14 euros por kilo.