Hijos secuestrados del amor

Hugo Medina es uno de los más de 3.000 niños españoles secuestrados por su madre o su padre y Emiliano otra víctima de un sistema ineficaz que parece diseñado para torturar a miles de progenitores. Lo que un día fue amor se ha convertido en su pesadilla diaria, en una ausencia de meses o años o definitiva. «Si no tienes dinero, es casi imposible recuperar a tu hijo», afirma Javier Somoza , presidente de la Asociación Nisde (Niños sin Derechos), un colectivo contra la sustracción parental que aglutina a padres, madres y abuelos de menores arrancados de su entorno por uno de los progenitores.

Esta semana todos han brindado y abrazado en la distancia a Alberto Encinas, uno de los suyos, que ha recuperado a su hija Oliva secuestrada por su madre en Polonia, al cabo de ocho años. «Se están cargando la infancia de muchos niños», insiste Alberto a ABC .

«Nuestros hijos están pasando por un cruel infierno psicológico y físico. La mayoría arrastran gravísimas secuelas de ese acto de egoísmo irracional. Algunos han sido internados por temporadas en orfanatos». Las palabras, aldabonazos, son de este colectivo que ha llamado a todas las puertas, incluido el Congreso de los Diputados, donde registraron en octubre del año pasado sus propuestas y análisis. Resultado: estrellarse contra un muro .

Sus hijos están en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rusia (en este último país hay 157 niños españoles), entre otros países, y aunque muchos tienen sentencias españolas que les otorgan la custodia otros jueces de esos países no se someten a la jurisdicción española. «Las autoafirmaciones nacionales de cada país de destino de nuestros hijos echan por tierra cualquier convenio, tratado o acuerdo de colaboración en la defensa jurídica de los derechos de nuestros hijos», explican desde «Niños sin derechos».

«El Ministerio de Justicia debería tener una lista de los países incumplidores», explica Alberto Encinas , que ha peregrinado a Polonia una y otra vez hasta volver a abrazar a su hija. «Sin la Guardia Civil y un policía de allí que decidió hacerse cargo no lo habríamos conseguido».

Los progenitores se enfrentan a acostarse y levantarse sin poder dar un beso a sus hijos, sin verlos crecer, enfermar, actuar en el colegio o saber qué comen o qué amigos tienen. Un dolor insoportable. Y se enfrentan a un laberinto judicial, a una maraña de abogados y procesos internacionales, a traducciones, a notarios... a algunos desaprensivos. Casi todos han sido víctimas de alguna estafa de uno de esos participantes en el proceso. Las cifras que han gastado buscando justicia son mareantes. Emiliano lleva empleados 80.000 euros.

Javier asegura que tiene facturas de gastos de 200.000 (85.000 solo en traducciones y legalizaciones al ruso); Alberto más de 60.000.

Han hipotecado o vendido sus casas, sus coches, han empeñado ahorros de familiares y amigos. Y siempre hace falta más. Es el caso de Olga. Su exmarido se llevó a su hijo John de vacaciones a Torrevieja en 2018 y de ahí a Estados Unidos. Ha gastado 300.000 euros en el proceso de restitución. El próximo día 20 su ex tiene que devolverle al niño, pero ella no puede pisar suelo norteamericano porque podrían detenerla tras la denuncia que él interpuso. Irán a buscarlo su madre y su hermana. Otros 6.000 euros que está reuniendo a marchas forzadas.

Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente de Interior solo el año pasado fueron secuestrados por uno de sus padres 320 niños. En los últimos nueve años 2.731. En más del 65 por ciento de los casos es la madre la que se lo lleva. Las víctimas (el otro progenitor) señalan con el dedo la ineficacia de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, del Ministerio de Justicia, la autoridad central para los convenios y tratados. Según «Niños sin derechos», actúan como «una especie de empresa de mensajería, más cara y más lenta».

«Llevamos años haciéndoles requerimientos. Sin un claro mandato suyo ni Interior ni Exteriores pueden hacer nada por recuperar a nuestros hijos», explica Javier Somoza. Él ha sufrido el escarnio que denuncia. Su expareja se llevó a su hijo Miguel a Rusia cuando tenía unos meses en 2012. Ha viajado más de treinta veces para ver a su niño unas horas. La última vez que lo logró fue el 6 de septiembre de 2016 durante tres horas.

A Emiliano Medina un juzgado peruano le dio la razón en 2012. Viajó a Trujillo y el juez le autorizó ver a su hijo, pero la madre se lo llevó en brazos de la Sala sin que pudiera acercarse a Hugo. «Me puse de rodillas ante el juez, supliqué, lloré... pero mi niño ya no estaba». Su expareja recurrió y nunca más la Justicia peruana se ha pronunciado a su favor.

Emiliano preside ACSIM (Asociación contra el Secuestro Internacional de Menores) y ayuda a otros padres a traer de vuelta a casa a sus pequeños. «Siento su vacío cada día. Siento que estoy fallando a Hugo».