El Gobierno toma el control y aplicará las mismas medidas en grandes urbes

La reunión del Grupo Covid de Madrid, en la que participaron los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial, Carolina Darias, además de Fernando Simón; y del lado del Ejecutivo regional el vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, junto a su viceconsejero de Plan Covid, Antonio Zapatero, se prolongó durante cerca de dos horas. Las valoraciones de las partes fueron diferentes. Para Illa, Madrid «acepta las recomendaciones del Gobierno». Para el Gobierno madrileño, la reunión «ha servido para fortalecer su postura, lo que unido» a la «idoneidad de las medidas» que se venían tomando, «facilitará el objetivo común de doblegar la curva del Covid-19 en la región».

Lo que acordaron este martes fue que en los municipios de menos de 100.000 habitantes, serán las comunidades autónomas las que tomarán las decisiones sobre posibles restricciones para frenar la pandemia, atendiendo a las «normativas y protocolos en el ámbito estatal». Y para las localidades de más de 100.000 habitantes -todas las capitales, y también Madrid-, se ha acordado un criterio homogéneo que se aplicará por igual en la capital del Estado y en el resto de España.

Este punto supone una solución salomónica: el Gobierno central consigue que se puedan implantar más restricciones en Madrid si lo considera conveniente por motivos epidemiológicos; y el Gobierno madrileño logra que los criterios que se apliquen sean iguales para todos los españoles, que era una de sus reivindicaciones. Estas medidas, no obstante, siguen siendo sólo una hipótesis que no se transformará en realidad hasta que no se celebre hoy el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y se aprueben en el mismo.

A última hora de la tarde, el ministro de Sanidad compareció desde el Palacio de la Moncloa para confirmar el «principio de acuerdo» y anunciar que propondrá este miércoles al CISNS una «acción coordinada de salud pública» para que se apliquen las medidas de «carácter inmediato» en todos los municipios de más de 100.000 habitantes donde haya más de 500 positivos, el índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sea superior al 35 por ciento y la positividad en test PCR sea superior al 10 por ciento.

«De prosperar este acuerdo mañana (por el miércoles), significará que se han aceptado las recomendaciones del Gobierno», señaló Illa en un par de ocasiones, dibujando una victoria de Moncloa. «He visto un ambiente propicio en el resto de los consejeros para que, si se dan las mismas circunstancias en las autonomías, se adopten también las medidas que vamos a adoptar en el caso de la Comunidad de Madrid», añadió.

Preguntado por si las medidas serían similares a las fases de la desescalada, el ministro Illa no quiso definir el tipo de restricciones y normas porque aún está pendiente una «discusión técnica». Eso sí, aseguró que «las recomendaciones que ha venido haciendo el Gobierno se aplicarán en todas partes donde se den las tres circunstancias definidas».

El vicepresidente Aguado trató de que se impusiera el sentido común y se templaran los ánimos, muy caldeados en los días previos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya había bajado el pistón con respecto al fin de semana; prueba de ello es que no llevó al Consejo de Ministros ninguna medida de aplicación directa en Madrid. Al empezar el día, en el Gobierno se mostraban más optimistas para lograr un acuerdo. «Hay que dar una oportunidad al diálogo», dijo la ministra portavoz. «Confío en que hoy se alcance un acuerdo», siguió.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, María Jesús Montero apremió a Ayuso para tomar las «medidas más decisivas y contundentes» que los expertos sanitarios consideran «imprescindibles» para frenar la pandemia en la región. Montero evitó responder si el Gobierno se estaba planteando intervenir la región. Y pidió al Gobierno madrileño «abandonar las luchas partidistas» y aseguró que tendrán «todo el apoyo y la colaboración del Gobierno».

Desde la Comunidad de Madrid también se rebajaba la intensidad de la pelea y se insistía en la necesidad de mantener los puentes del diálogo tendidos entre ambas instituciones. Los dos gobiernos sabían que un choque de trenes no les beneficiaba a ninguno. Ni, a la luz pública, es oportuno para luchar de forma efectiva contra la expansión de la pandemia.

Las señales de la rebaja en la tensión se percibían también en otros gestos: desde la Delegación del Gobierno en Madrid se pusieron a disposición del Gobierno de Díaz Ayuso todos los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que pidieron, e igual ocurrió con los del Ejército. Además, el Gobierno aprobó este martes un decreto para que las comunidades autonómas puedan contratar a médicos extracomunitarios, otra petición de Madrid, entre otras autonomías.

No obstante, el alcance del preacuerdo no era valorado igual por todo el Gobierno madrileño: desde Cs se ponía en valor la rebaja de la tensión conseguida, el sector más cercano al Partido Popular era más frío en su evaluación, e insistía en que no había preacuerdo porque no se había llevado ninguna propuesta por escrito, y sólo se «emplazaban a seguir negociando».