El Gobierno quiere dar el control de la universidad a las autonomías

A día de hoy, para acceder a una plaza de catedrático hay que aprobar una oposición, fijada a nivel nacional por la universidad, por eso son funcionarios estatales. Esta nueva vía laboral supone que el acceso a la plaza de catedrático sería a traves de un concurso de méritos, cuyos criterios los marca el Gobierno regional, decide las plazas que hay que sacar a concurso y cuenta con un representante en los tribunales que evalúan a los candidatos.

Este documento que diseña la carrera profesional del PDI ha sido presentado en unas mesas de debate constituidas por el Ministerio de Ciencia y Universidades. En estas mesas están representados rectores, alumnos, sindicatos, así como representantes de las autonomías. Unas reuniones «forzadas por el Ministerio», según aseguran algunos de los presentes, «cuando ya se habían convocado las elecciones y no tenía ningún sentido ».

La justificación que se ha dado desde el Gobierno para presentar esta vía laboral es «no tener problemas competenciales con las autonomías», según señaló Antonio Altuna de la Creup (Coordinadora de Estudiantes de Universidades Públicas). A juicio de este representante de los estudiantes, «la vía funcionarial es más independiente y con la otra se corren riesgos. Nosotros preferimos el funcionario, es más estable, evita la endogamia y que puedas ser contratado por ser X».

Desde la CSIF se quiere ser prudente a la hora de valorar este documento, aunque aseguran que «tomar el modelo catalán tiene un peligro terrible porque la Generalitat controla la universidad, decide que plazas se convocan y cómo». En este sentido, consideran «grave querer hacer una carrera laboral paralela a la funcionarial, porque no tiene garantías y genera precariedad».

La crítica a este modelo propuesto parte de la experiencia catalana, que a los catedráticos consultados por ABC no le satisface. El resultado de la aplicación de esta vía laboral, señalan, sería similar al de las cajas de ahorros , «donde la selección acaba siendo realizada por motivos políticos y no por excelencia. Derivaría en una universidad fragmentada, diecisiete modelos universitarios, de baja calidad y de pésima reputación ». Ya hay voces en Cataluña que señalan que hay cierta selección del profesorado afín. Las universidades no se van a oponer a este modelo, ya que su financiación «depende de las propias comunidades-», por lo que «se verían, en el mejor de los casos, afectadas negativamente por el gobierno».

El aspectos más cuestionado por los catedráticos consultados es que «se da a las comunidades el control de los procesos de selección. «Estaríamos abocados a las cajas de ahorros académicas, donde se colocarán los amigos, los afines, y no siempre los mejores». Si se aplica esta vía laboral será una «decisión política que va a tener efectos en la carrera. Necesita de un consenso que va más allá de la decisión del gobierno, presionado por sus necesidades de conseguir una mayoría parlamentaria».

Cataluña empezó a aplicar este modelo en 2003 amparada por la Ley Catalana de Universidades (LUC). Desde entonces, las universidades catalanas utilizan la doble vía (funcionarial y laboral) en la contratación del PDI. Otras comunidades también utilizan esta doble fórmula pero Cataluña es la única que la ha extendido al personal docente permanente, o sea, catedráticos y titulares –estos se denominan agregrados en Cataluña–. El resto del profesorado que accede a la universidad vía contrato laboral (lectores, asociados y colaboradores) son interinos con contratos temporales, según la secretaria general de Universidades de Cataluña, Victoria Girona.

La principal diferencia entre Cataluña y el resto de comunidades es, según aclara Girona, que la vía laboral la reservan para esas categorías inferiores de profesorado y no la extienden al profesorado permanente.

Desde la UGT se advierte de que «el gobierno autonómico tiene margen para fijar determinados requisitos en algunos perfiles del profesorado. Es impensable que el gobierno de cualquier otra comunidad intervenga en este sentido. En Cataluña hay contratos específicos, como los del programa Serra Húnter, en el que la administración, previa consulta con las universidades, participa en los órganos de selección de estos profesores». La secretaria general de Universidades niega que haya margen para «diseñar sus cuerpos propios de profesorado».

Portavoces de la UGT recuerdan que los profesores laborales permanentes no pueden superar el 49% del total de las plazas docentes. No han conseguido las cifras pese a reclamarlas y sospechan que Cataluña «sí ha rebasado ese límite ». «Solo hay que fijarse en las cuotas de funcionarios. De cada 70 plazas, solo hay 12 o 13 funcionarios», subrayan. Los representantes sindicales se remiten a « la evidencia ». «Cataluña apuesta desde hace años por la vía laboral con una única intención: desconectar a sus plantillas del sistema español».