El Gobierno prohibirá la matriculación y venta de coches de combustión a partir de 2040

El texto con el que trabaja el Gobierno ya ha sido remitido a los diferentes partidos políticos y podría presentarse en el Congreso antes de que acabe el año, donde comenzaría su negociación. En términos generales prevé un «objetivo intermedio» de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Es decir, en algo más de una década las emisiones deberían ser de 230 millones de toneladas, frente a los 290 millones que fijan los objetivos de la Unión Europea para España. El objetivo final, fechado para 2050, sería lograr un reducción del 90% .

Para lograrlo, la ley plantea cambios en energía, edificación o fiscalidad; aunque los más relevantes afectan a la movilidad, que hoy representa el 26% de las emisiones. «Nuestra propuesta envía señales claras y predecibles a los inversores y agentes económicos del modelo de desarrollo descarbonizado al que se dirige España», ha valorado la ministra Teresa Ribera.

De salir adelante la norma, España se uniría a la senda iniciada por países como Reino Unido o Francia. El documento se refiere a los vehículos «con emisiones directas de dióxido de carbono», por lo que el veto no solo afectaría a los gasolina o diésel, sino también a híbridos o vehículos de gas natural (GNC) o licuado (GLP), ya que aunque en menor medida, también generan emisiones. Su circulación estaría permitida una década más, hasta 2050 , momento en el que se pretende lograr un parque libre de emisiones.

El documento también prevé la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con «zonas de bajas emisiones» antes de 2023. Poblaciones como Toledo, Gandía o Coslada deberían implementar medidas de restricción al tráfico en los próximos cinco años. «Confiamos en la capacidad de los ayuntamientos, sabemos que algunos están tomando ya medidas, aunque no todos tienen la misma capacidad», dicen fuentes ministeriales.

Para fomentar los vehículos eléctricos, y ante la carestía actual, el texto fija la obligación de instalar puntos de carga eléctrica en todas las gasolineras, para lo que se crearía un plan progresivo, dividido en rangos por volumen de las estaciones de servicio.

De manera inmediata, además, tal y como figura en el borrador, se prohibirá el establecimiento de nuevos subsidios, ayudas u otros incentivos «que favorezcan el consumo de combustibles fósiles », lo cual podría implicar la desaparición de los planes de ayuda a la compra de vehículos de combustión, aunque no a eléctricos. «Eso dependerá de cada Gobierno», opinan fuentes ministeriales.

También se estudiará el régimen fiscal actual de los combustibles fósiles «identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su consumo y se incluirá una propuesta de calendario para llevar a cabo su revisión, en línea con los objetivos de descarbonización».

El Gobierno quiere que el sistema eléctrico español se base exclusivamente en fuentes de energías renovables en el año 2050, con un objetivo intermedio del 35% de penetración y con el 70% de generación en 2030. Estas metas podrán ser revisadas, dice el texto, pero nunca para modificarse a la baja. Se establecen cuotas de penetración cada cinco años y entre 2020 y 2030 el Gobierno sacará a subasta de forma anual la instalación de 3.000 MW de potencia.

A partir de la entrada en vigor del texto no se concederán permisos para la exploración o explotación de ningún tipo de hidrocarburo en todo el territorio español, incluido el marítimo. Se prohíbe el fracking y las empresas que ya tienen licencia para ello no podrán, de ninguna manera, prorrogar las licencias más allá de 2040.

Las viviendas no se han quedado fuera de la ley y entre 2021 y 2030 se deberán rehabilitar con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 edificios al año de media. Para ello se establecerán programas de ayuda. Además de los privados, el borrador contempla que el Gobierno fomente la renovación de los edificios públicos para conseguir que las edificaciones sean de alta eficiencia energética y descarbonizadas antes de 2050.

El borrador aborda la necesidad de una nueva política fiscal que incorpore elementos para incentivar una economía baja en carbono, si bien no se concretan y están a la espera de que se defina «el modelo fiscal en su conjunto» , apuntan fuentes ministeriales. Por su parte, al menos el 20 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un «impacto positivo» en la lucha contra el cambio climático.

Sí se concreta la obligatoriedad para las empresas cotizadas y las entidades de crédito de presentar un informe de riesgo climático, mientras que el Banco de España elaborará cada dos años un informe sobre el riesgo para el sistema financiero del cambio climático y las políticas para combatirlo, que será remitido al Congreso.

La ley irá acompañada de otras estrategias. El Plan de Energía y Clima , que será el que fije el mix energético y se conocerá a principios de diciembre, será el que despeje las dudas sobre el peso de la energía nuclear. Los planes podrán incluir un presupuesto de carbono, que determinarán el volumen de carbono disponible por quinquenio.

Se crearía un Comité de Cambio Climático, elegido por el Congreso, que emitiría un informe anual para valorar la evolución de la transición. La información será pública y el Gobierno deberá emitir una respuesta motivada.

Tras la aprobación de la ley se desarrollarían planes sectoriales sobre adaptación al cambio climático , de forma que esta planificación pasa por primera vez a tener reconocimiento en una ley. Afectaría especialmente a la gestión hidrológica, las costas y las infraestructuras de transporte.