El Gobierno justifica el ataque al castellano en la protección a las «lenguas minoritarias»

Ayer se celebró la cuarta reunión de la ponencia (grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a la Comisión de Educación de la Cámara Baja) donde se aprobó una polémica enmienda que entierra al castellano . Pactada por PSOE, Podemos y ERC, elimina la referencia en la Lomloe a que el castellano sea lengua vehicular en toda España. En principio, esta enmienda se aprobaría en la ponencia de mañana. Pese a que Unidas Podemos subrayó ayer ante ABC que esta enmienda «no está cerrada», Gabriel Rufián (ERC) compartió en Twitter una noticia sobre el tema con la frase: «Más allá del ruido, la política». También el PSOE ha confirmado a este diario que dicha enmienda va a ser aprobada.

La Lomloe dice actualmente en su articulado (en un redactado muy similar a la ley vigente, la Lomce) que « las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano , lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable». La idea es cambiar este último párrafo por otro que señale que las comunidades deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución (CE) y los estatutos de autonomía.

La Asociación Hablemos Español, con representación en todo el país, anunció ayer un recurso al Defensor del Pueblo para que presente una cuestión de inconstitucionalidad (en caso de que la ley se apruebe con la enmienda) e instará a los partidos políticos a elevar la norma al Tribunal Constitucional (TC). «En Cataluña y en otros lugares de España se ha estado consintiendo que ni siquiera ese sistema discriminatorio y perjudicial, que es la enseñanza de un 25% del castellano se cumpla», recordaron desde la entidad presidida por la profesora Gloria Lago.

Alberto Jimeno, presidente de la Asociación por la Mejora de la Enseñanza Secundaria en Cataluña (AMES) tildó de «infamia y barbaridad» la enmienda y señaló que su entidad acompañará a otras en el camino hacia el TC. «Es un ataque a los derechos y libertades . Es una reacción a las gestiones hechas para que vengan de la Comisión Europea a ver cómo se encuentran los castellanohablantes en Cataluña». Para Marta Martín , portavoz de Educación de Cs, «eliminar el castellano como lengua vehicular y oficial es una vulneración de derechos fundamentales de la que el PSOE es responsable». En la misma línea, Sandra Moneo , portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, remarcó que la enmienda «es un atropello que vulnera los más esenciales de derechos y libertades que se recogen en nuestra Constitución».

Fuentes parlamentarias del PSOE niegan el ataque al castellano, al defender -dicen- «un modelo plurilingüe que recoge la CE y la Lomloe es garantista con los derechos lingüísticos recogidos en la Carta Magna». Añaden que la Lomloe busca «garantizar que todos los alumnos reciban enseñanzas en castellano y en su lengua cooficial allá donde la haya». Además, aseguraron que España recibió un «tirón de orejas» por no proteger las lenguas minoritarias y no quieren que vuelva a suceder.

También se llevó ayer un buen golpe la concertada . PSOE, Podemos y Mas País aprobaron otra enmienda transaccional que señala que la educación está garantizada solo con «plazas públicas» dejando fuera a la concertada. El texto de la enmienda señala: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos, padres y tutores legales». Esta frase se ha añadido: «Mediante una oferta suficiente de plazas públicas» . El autor es Más País y va contra la CE, que en su artículo 27 alude al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado por la pública y la concertada.

Las fechas que se barajan para la aprobación definitiva de la «ley Celaá» son de infarto. Según fuentes parlamentarias, PSOE y Podemos pretenden celebrar el 13 de noviembre durante todo el día una reunión de la Comisión para debatir toda la ley y las más de 1.000 enmiendas en un solo día y presentar el dictamen final. Así, el dictamen llegaría al Pleno el 26 de este mes.

Una vez aprobado pasaría al Senado (dos meses de tramitación, aproximadamente), con lo que el texto se convertiría definitivamente en ley dentro de escasos tres meses, a finales de febrero de 2021.