El Gobierno deja libertad a las Comunidades para fijar las horas lectivas de los profesores

La intención del nuevo Gobierno socialista la expuso la ministra el pasado día 27 de junio, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Entonces, Isabel Celaá , en respuesta a una pregunta de la diputada de Podemos, Ione Belarra, afirmó que, «en el menor tiempo posible», pondrían fin a los ajustes de Rajoy.

Un mes después de estas declaraciones, el Ministerio de Educación ya tiene redactado un borrador de «anteproyecto de ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria ». Este texto, al que ha tenido acceso ABC, se debatirá en la Conferencia Sectorial que ha convocado la ministra para el próximo día 30.

El anteproyecto tiene un único artículo, que puede desatar la polémica, y que permite a «las Administraciones Públicas con competencias educativas » poder establecer, «en sus respectivos ámbitos, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y centros privados».

Ello supone que se puede romper la unidad del sistema educativo, en lo que se refiere al profesorado, creando «profesores de primera y profesores de segunda », según aseguran fuentes del sector. Una autonomía podría fijar una jornada de 19 horas, otra de 20 y otra de 18.

Además, no está claro que legalmente pueda hacerse, ya que la fijación de las horas lectivas del profesorado es una legislación básica, de competencia estatal, aunque el coste está a cargo de las comunidades autónomas. En este sentido, hay que recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 7 de julio de 2017, anuló la «ilegal» modificación de la orden de 20 de julio de 2010. Una normativa que regulaba, entre otros aspectos, el horario del profesorado de la enseñanza pública en esta comunidad.

Al margen de la cuestión legal , otro aspecto a tener en cuenta es el coste que este aumento de las horas lectivas puede tener para los gobiernos regionales. Un gasto que no están dispuestas a asumir, por lo menos las administraciones gobernadas por el Partido Popular , para lo que pedirán al Gobierno de Pedro Sánchez más recursos para poder financiar esta medida. Solo en Galicia, bajar las horas de trabajo de los profesores, puede suponer un coste de más de 60 millones de euros.

Las fuentes del sector consultadas por ABC no dudan en calificar de «barbaridad» esta medida y critican que, como pronto, entraría en vigor a mediados de agosto, por lo que « podría dinamita r el inicio del curso escolar».

En el mismo borrador del anteproyecto de ley, el Ejecutivo socialista admite, con una detallada redacción, que el Gobierno de Rajoy fue poco a poco eliminando los recortes, a medida que la situación económica mejoró. Así, subraya que la tasa de reposición volvió a ser del cien por cien en los presupuestos de 2016, 2017 y 2018, y también se refiere a la ratio alumno/aula .

Mientras la tasa de reposición fue inferior al 50%, las administraciones podían ampliar hasta un 20% el número máximo de alumnos. Una vez que la tasa de reposición del profesorado volvió a ser del 100% en 2016, la ratio de alumno por aula volvió a ser la recogida en la normativa básica. Por tanto, en Educación Primaria pasó de 30 a 25 alumnos máximo, en ESO, de 36 pasó a 30, y en Bachillerato, de 42 a 35.

Igualmente, en 2017, se redujo el límite inferior de los precios de los máster no habilitantes para acercarlos a los habilitantes y a los grados. En los presupuestos de 2018 se da un paso más y se propone minorar el límite inferior de los grados hasta 0.

En relación al precio de las matrículas universitarias, el exministro Íñigo Méndez de Vigo ya anunció que en el presupuesto de este año se bajaba la horquilla del precio de la primera matrícula universitaria. Así del 15-25% que podían aplicar las autonomías, se pasaba al 0-25. Ello supone que en algunas regiones se podría aprobar la matrícula gratuita.

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