El Gobierno aprueba el nuevo modelo de residencias pese a la oposición del sector, sindicatos, familiares y algunas comunidades

El acuerdo ha salido con diez votos a favor y nueve en contra. Han votado sí Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria, Melilla, Extremadura (que en la última votación votó que no) y Asturias (que el pasado mes se abstuvo). Han mantenido el no Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla- La Mancha (la única comunidad socialista que ha mantenido su oposición al acuerdo) y Castilla y León, que el otro día se abstuvo.

Así, a partir del 31 de diciembre de 2029 el nuevo modelo deberá de estar implantado. Todos los centros residenciales deberán disponer de al menos un 10% de las plazas de titularidad pública o de titularidad privada con concierto en habitaciones de uso individual si la residencia se encuentra en una zona rural o con poca población. Si se encuentra en una zona urbana o densamente poblada ese porcentaje deberá subir hasta el 25%. Sin embargo, el acuerdo aprobado esta mañana por el Gobierno y comunidades autónomas recoge que estas últimas podrán expedir una autorización para no tener que cumplir estos porcentajes cuando la capacidad sea inferior a 35 plazas.

Además, en estos casos al menos un 80 por ciento de las plazas públicas o de titularidad privada con concierto deben configurarse como grupos de convivencia estables. En estos no se podrán superar las 15 personas residentes. También se acuerda la eliminación de cualquier tipo de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas antes del 30 de junio de 2025.

Para las residencias tanto de titularidad pública como privada cuyo proyecto aún no se haya licitado o no cuente con licencia de obras, los requisitos aumentan: no podrán ser de más de 75 plazas en zonas rurales o de poca población, de 90 en zonas de densidad intermedia y de un máximo de 120 plazas en zonas urbanas. Los centros para personas con discapacidad tendrán un límite de 50 plazas. Además, al menos el 65% de las habitaciones en las residencias de mayores deberán ser de uso individual.

«Estamos de acuerdo con el modelo que propone el Gobierno de la Nación, pero entendemos que resulta incompatible su aplicación con el objetivo de reducción de listas de espera y de coordinación sociosanitaria, sin la dotación presupuestaria necesaria para su implementación», ha expuesto Isabel Franco Sánchez, vicepresidenta y consejera de Política Social de Murcia, que ha votado en contra del acuerdo. La financiación propuesta por el ministerio, explica, no es real, pues considera que la estimación de la inversión que se requiere para la implementación de las nuevas residencias es escasa.

Madrid, por su parte, ha anunciado que aplicará su propio modelo de residencias al considerar este «inasumible». La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha considerado que la propuesta del ministerio tiene «gran afán intervencionista y laminador de las competencias autonómicas, que no garantiza la financiación necesaria , obstaculiza la reducción de las listas de espera de la dependencia y deja pendiente de una decisión posterior cómo se coordinará la atención sanitaria en estos recursos».

El Gobierno regional, ha dicho en una nota, seguirá trabajando en la implantación de un nuevo modelo «que garantice el acceso al sistema de todas las personas en situación de dependencia y facilite la libre elección de los usuarios». Dancausa ha reclamado al Gobierno que aporte el 50% que le exige la Ley de Dependencia para la financiación del sistema, un porcentaje que actualmente apenas alcanza el 20% y que impide asegurar la sostenibilidad de los recursos necesarios.

Tampoco los familiares de usuarios de residencias comparten el nuevo modelo. « Es d ecepcionante », sentencia Paulino Campos, portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias. El principal obstáculo que encuentran para dar su apoyo público al nuevo acuerdo es el planteamiento del ministerio en cuanto a las ratios de personal, ya que les parecen insuficientes. El documento propone subirlas desde una ratio de 0,31 en residencias de mayores en 2023 hasta una del 0,43 en 2029.

Los sindicatos, que participaron en la negociación del acuerdo desde el primer momento, tampoco están a favor del acuerdo. Igual que las patronales del sector.

Otras asociaciones y organizaciones, sin embargo, sí han dado el visto bueno a la propuesta, como es el caso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) o de la Mesa Estatal de Personas Mayores.