Contra el estigma de los ingresos psiquiátricos: «Salvé la vida de mi hijo y lo volvería a hacer»

«Todos los días, cuando le llamaba, me decía que fuera a por él, que ya estaba bien y que se quería ir a casa. Yo le decía que aún no era el momento, que era el doctor quien tenía que decir que ya estaba bien. Y me colgaba », recuerda Gregorio. Sin embargo, y aunque le angustiaba no poder cumplir con sus deseos y firmar para que abandonara el centro, este padre sabía que estaba haciendo lo correcto para Joel. «Estoy seguro de que le salvamos la vida . Cuando dijo que se iba a suicidar, que se iba a tirar por la ventana, vi que era muy posible que lo hiciera. Sé que al ingresarlo lo salvamos», recuerda en conversación con ABC. Si tuviera que volverlo a hacer, afirma, lo haría: «Claro que lo volvería a hacer. No tengo ninguna duda. Estando ingresado mejoró mucho».

Pero casos como el de Gregorio y Joel pueden llegar a su fin. El Gobierno ha aprobado recientemente la Estrategia de Discapacidad 2022-2025, en la que establece una hoja de ruta para los próximos años. Entre las medidas que se propone, aboga por modificar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para eliminar la institucionalización forzosa y los tratamientos por motivos de discapacidad. Este artículo sostiene que el internamiento por trastorno psíquico , aunque esté sometido a la patria potestad o tutela, necesitará autorización judicial .

El Ejecutivo también propone que se documenten los casos de internamiento forzoso , así como que España se abstenga en la adhesión al Protocolo Adicional del Convenio de Oviedo que está elaborando el Comité de Bioética del Consejo de Europa dirigido a protocolizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarios.

Justifican que actualmente se incumplen varios de los puntos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad . Especialmente el artículo 19, que establece que los estados «reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas». En el primer apartado se refiere además a que «tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir»; y en el segundo, a que «tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad».

Sin embargo, los expertos implicados en el proceso por el que se institucionaliza a personas con enfermedad mental contra su voluntad defienden que es una medida necesaria que se lleva a cabo «con todas las garantías» . «Cualquier ingreso de una persona en una unidad de hospitalización psiquiátrica en contra de su voluntad tiene que venir autorizado por un juez », afirma Celso Arango , director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Esta medida, explica este psiquiatra, se utiliza en casos en los que una persona se encuentra «en situación de riesgo» , ya sea el enfermo o las personas de su entorno.

Si se hacen modificaciones en este sentido, defiende el doctor Arango, «se deberían hacer desde el punto de vista de lo que funciona». Reclama que se hable con los familiares de las personas con problemas de salud mental antes de tomar decisiones: «Que hablen con ellos, porque si alguien no es ingresado contra su voluntad y luego se suicida o hiere a alguien veremos de quién es la responsabilidad», lamenta. El problema, dice, es que las decisiones se alejen de la realidad. «A veces quienes legislan lo hacen con voluntad pero no con la practicabilidad, sin pensar lo que es factible y lo que no», apunta.

Internamientos psiquiátricos

acordados judicialmente

Totales anuales

75.698

71.061

60.597

53.973

64.021

51.792

48.192

Dato del

primer

trimestre

19.826

10.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Internamientos psiquiátricos

acordados judicialmente

Totales anuales

Madrid

Andalucía

Cataluña

C. Valenciana

Galicia

País Vasco

Canarias

Castilla y León

C.-La Mancha

Islas Baleares

Aragón

Murcia

Extremadura

Asturias

Cantabria

Navarra

La Rioja

4.116

4.023

2.855

2.543

1.663

982

917

518

492

317

279

270

258

257

144

144

54

Fuente INE / ABC

Internamientos psiquiátricos

acordados judicialmente

Totales anuales

75.698

48.192

Dato del

primer

trimestre

19.826

2010

2013

2016

2019

2022

Reparto por CC.AA.

en 2022

Cifras del primer trimestre

Madrid

Andalucía

Cataluña

C. Valenciana

Galicia

País Vasco

Canarias

Castilla y León

C.-La Mancha

Islas Baleares

Aragón

Murcia

Extremadura

Asturias

Cantabria

Navarra

La Rioja

4.116

4.023

2.855

2.543

1.663

982

917

518

492

317

279

270

258

257

144

144

54

Fuente INE / ABC

Pero el expresidente de los psiquiatras remarca también otro aspecto por el que le preocupa que se ponga el foco en la institucionalización forzosa: la estigmatización de la salud mental . Se muestra especialmente crítico con el punto por el que se pide documentar cada caso de ingreso involuntario, algo que, defiende, ya se hace. «Destila estigma contra la salud mental y contra la Psiquiatría, porque si incluyen que se tenga que justificar el ingreso uno se pregunta si actualmente no se justifica. Y no es así, a día de hoy hay que justificar cualquier tratamiento médico, no solo el psiquiátrico, que se haga contra la voluntad del paciente», concreta.

También subraya las garantías y seguridad del proceso María Rosa Rubio Ramos, fiscal delegada de la especialidad civil y de provisión de apoyos a las personas con discapacidad para la comunidad autónoma de Canarias. «Creo que el internamiento es necesario regulado como está ahora, de manera excepcional y como medida proporcionada», apunta.

Hay dos tipos de procedimientos, dice, el ordinario y el urgente . Para el ordinario pone el ejemplo de una persona mayor con alzhéimer a la que su hija decide internar en un centro . Como la anciana no puede decidir por sí misma, su hija necesitaría autorización judicial para poder ingresarla. En ese caso, el juez debe pedir un informe médico, ver a la mujer para comprobar que no está en plenas facultades y transmitir sus impresiones al Ministerio fiscal. Este último puede oponerse o avalar los informes del juez. Si algún familiar no está de acuerdo, el magistrado también le escucha antes de confirmar su decisión.

Para el urgente, la fiscal pone el ejemplo de una persona esquizofrénica a la que le da una crisis. Se le lleva al hospital y los médicos ordenan el ingreso en la unidad de internamiento breve porque en ese momento el paciente no tiene capacidad para decidir . El psiquiatra al mando de la unidad tiene 24 horas para justificar por qué se procede al internamiento. Luego, en un máximo de 72 horas, el juez va al centro para entrevistar al enfermo y pedir informes médicos, tanto del doctor que trató al paciente a su llegada como de otro médico que justifique por qué debe o no seguir ingresado. Todas esas pruebas se remiten al fiscal , que las examina y manifiesta si está de acuerdo o no, y a partir de ahí el juez decide.

«No vamos encerrando a todo el que tiene una esquizofrenia o trastorno», defiende María Rosa Rubio . «Es una medida que permite la dignidad de la persona y que salva vidas. Se puede vivir sin sujeciones, que no se apliquen salvo en casos muy excepcionales, pero yo creo qu e no podemos vivir sin esos ingresos . Si me dices que no hace falta autorización judicial te digo que es una falta de libertad enorme, pero con autorización judicial no».

Acabar con estos ingresos, considera Esther García Sánchez, miembro de la Mesa de Discapacidad y Centro de Estudios Jurídicos y Medicina Fforense de la Organización Médico Colegial, es «una utopía». «Ojalá no hubiera, pero la realidad indica que hay una serie de situaciones en las que es necesaria esta medida», lamenta esta médico forense, que subraya la «garantía» de la medida y su importancia. «Salva vidas», remarca.

Las personas con discapacidad, por su parte, ven con buenos ojos que se quiera eliminar el internamiento forzoso por enfermedad mental. «Es importante que la estrategia haya incluido la idea de modificar ese artículo porque en el ámbito de los derechos humanos hay un apoyo unánime a su transformación», celebra Gregorio Saravia , delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad.

A su juicio, los ingresos involuntarios quebrantan varios derechos . «Se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación y al consentimiento libre e informado de la persona con discapacidad», lamenta. El problema, dice, es que el sistema español no cuenta con los recursos para que todas las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente. «La meta es la erradicación de la coerción en todo lo que tiene que ver con la atención de las personas con problemas de salud mental».