El Gobierno aprueba la declaración de emergencia climática

La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, ha justificado esta declaración «por justicia climática» entre países y territorios, entre generaciones y entre personas de una misma generación. Ribera ha defendido que «no abordar este desafío es regresivo desde el punto social».

El conjunto de compromisos afectarán al conjunto del Ejecutivo, en línea con la búsqueda de la «transversalidad en el conjunto de políticas sectoriales».

La vicepresidenta Ribera ha planteado que en el conjunto de medidas habrá un apartado de fiscalidad verde . A lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que algunas de ellas no persiguen un ánimo recaudatorio sino con el fin de desincentivar ciertos usos y actividades.

Además, el proyecto de ley de cambio climático incorporará la obligación de establecer zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes . Siguiendo el modelo de Madrid Central. Además ha dicho Ribera que salvo causas sociales justificadas no se volverá a subvencionar combustibles fósiles.

En el texto de la declaración de emergencia climática se contempla la necesidad de movilizar «un volumen sustancial de inversiones en la década 2020- 2030, superior a 200.000 millones de euros » para desarrollar las políticas encaminadas a la neutralidad climática en 2050 y al cumplimiento de objetivos intermedios en 2030. En esa estación intermedia de 2030 el planteamiento es que «el sistema eléctrico deberá contar con un 42% de renovables sobre el uso final de la energía y un 74% en la generación eléctrica».

El primer compromiso de esa declaración es remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que tendrá el objetivo de garantizar «la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050», un objeto que se pretende alcanzar sobre la base de un sistema eléctrico 100% renovable y «un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0gCO2/km». Además de un sistema agrario neutro en CO2.

El proyecto incluirá «un sistema fiscal y presupuestario y un sistema financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad». Un punto sobre el que no hay más detalles más allá del compromiso de no volver a subvencionar combustibles fósiles .

También se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluirá «el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto». Otro de los puntos de la declaración de emergencia es no autorizar en el territorio nacional nuevas solicitudes de autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos , ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.

También habrá medidas en el ámbito del sector financiero, siendo el primer punto «elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles». Además de un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público.

También se incluyen compromisos para luchar contra la pobreza energética : «Haciendo frente a las causas que la originan, impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, garantizando el acceso a la misma».

Además se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como el compromiso anunciado por el presidente de incluir medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones «de manera urgente». Siguiendo la senda del modelo de Madrid Central.

Es intención del Gobierno «reforzar» la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo. Se aprobará en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

Se apuesta también por adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso. El objetivo es alcanzar «residuo cero» en el horizonte 2050. Antes de 2021 se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 «en la que el cambio climático y la preservación del patrimonio natural y cultural del país se aborde como uno de los principales retos que afronta el sector turístico».

Otro de los objetivos es alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030 mediante la planificación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad marina. En este ámbito se contempla «reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la planificación del conjunto del Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global».

Antes del año 2021 se quiere presentar una Estrategia para la Protección de la Costa Española. Y se buscará coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental.