La Generalitat le da diez años la espalda a la ley al impedir que el castellano gane peso en las aulas

Sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS), del Constitucional (TC) y del Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligan a la administración autonómica a aumentar la presencia del español en la red educativa, no han alterado el actual modelo monolingüe en Cataluña . Solo algunos colegios imparten más horas de castellano siguiendo dictados judiciales, fruto de las denuncias interpuestas por algunos padres.

Hasta que se aprobó la Ley Catalana de Educación (LEC), en 2009, las familias tenían derecho a que sus hijos recibieran las clases en castellano los cinco primeros años de enseñanza. La LEC redujo ese derecho a un año y lo limitó a una atención individualizada (artículo 11.4). Cerró también la puerta (artículo 51) a la posibilidad de implantar la tercera hora .

Un año después llegó la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reconoce el mismo derecho a emplear el castellano como lengua vehicular que en el caso del catalán: «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza ». Muchas familias intentaron aferrarse a esta sentencia y acudieron a los tribunales pero la Generalitat solo les ofreció atención individualizada.

En marzo de 2013, diez autos del TS, dictados entre el 6 y el 14 de marzo, establecían que cuando un alumno pide clases en castellano y catalán «el sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno». Los defensores del bilingüismo celebraron ese « pequeño avance » que supone abandonar la atención individualizada y extender la obligatoriedad de dar más castellano a todos los alumnos que comparten aula con el estudiante que lo ha solicitado. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió por primera fijar un porcentaje mínimo del uso del castellano (25 por ciento) como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. El TS avaló luego esta proporción mínima. Varias familias han logrado por la vía judicial que sus hijos, y por extensión el conjunto de su aula, reciban el 25 por ciento de las clases en castellano. El pasado 25 de enero trascendían seis nuevos autos del alto tribunal catalán que obligan a la Generalitat a cambiar el modelo lingüístico de tres centros educativos de Barcelona y Tarragona como consecuencia de la demanda presentada por seis familias. Los fallos establecieron como novedad que debe preservarse el anonimato de los solicitantes para evitar posibles represalias .