La Fiscalía retira la acusación contra el hombre que ayudó a morir a su mujer en virtud de la Ley de Eutanasia

Según informa el Ministerio Público en un comunicado, la decisión del fiscal, que incluso en aquel escrito de acusación anunciaba que no se opondría al indulto de Hernández llegado el caso, ha sido aplicar retroactivamente y en beneficio del acusado la modificación del Código Penal porque el suyo ahora, es uno de los supuestos legalmente autorizados.

«La aprobación de la Ley ha supuesto el reconocimiento legal del derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave , crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal», explica la nota de la Fiscalía.

En su informe, el fiscal diferencia entre requisitos y procedimiento, y concluye que « el carácter disvalioso de los actos de cooperación al suicidio no puede hacerse depender de la efectiva tramitación administrativa seguida al objeto de lograr el reconocimiento del derecho», sino «de la efectiva concurrencia de los presupuestos materiales que permiten afirmar su nacimiento y titularidad».

Entiende así que lo determinante es « valorar si, en los supuestos fácticos previos a la entrada en vigor del nuevo texto legal concurrían los requisitos habilitantes para, de haber estado vigente, haber activado el procedimiento de asistencia a la prestación de ayuda a morir».

En el caso de Hernández, concurren esos requisitos que le eximen de responsabilidad penal. Su mujer le había expresado de forma «constante» su deseo de acabar con su vida por los «intensos» dolores «más allá de lo que podía soportar» que padecía a raíz de que le fuera diagnosticada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) «una enfermedad crónica, degenerativa e incurable».

El escrito de acusación se presentó en octubre del año pasado y aún no se había celebrado el juicio. Según el relato que exponía entonces el fiscal, María José Carrasco, la esposa de Hernández, fue diagnosticada de ELA en 1989. Cinco años más tarde le fue reconocido un grado de discapacidad del 82% y ya en 1996, la gran invalidez. «A partir de ese momento, Carrasco necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria «.

Él solicitó una reducción de jornada laboral, primero, y una excedencia después para poder atenderla. Desde 1999 se dedicaba «en exclusiva» a ella, cuya situación física se iba deteriorando pero que mantuvo siempre «íntegras» sus capacidades cognitivas.

En 2007, Hernandez comenzó a solicitar «reiteradamente» a las administraciones públicas ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer, pero le fueron denegadas y aunque en 2009, vía ley de Dependencia, se le reconoció derecho a una atención residencial, « nunca se le llegó a prestar el servicio reconocido, siendo Hernández la persona que tuvo que asumir sólo toda las responsabilidades del cuidado ». El fiscal hablaba en el escrito de su «profundo sentimiento de desamparo y abandono».

Fue a partir de 2014 cuando ella, «en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias», comenzó a exteriorizar su deseo de acabar con su vida. «Aun a pesar del avance de la enfermedad –añadía el escrito de la Fiscalía-, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento ».

En algún momento antes de 2018, la fallecida, «que aun podía usar sus manos», compró a través de internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, lo decidieron guardar en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo». Mientras, los dolores que ella padecía se volvieron « más allá de lo que podía soportar » y comenzaron las entradas y salidas del hospital, unidad de cuidados paliativos. Sus peticiones de poner fin a su vida se hicieron constantes y levantó testamento de últimas voluntades rechazando expresamente alimentación por vía artificial.

El escrito de la Fiscalía llegaba a la conclusión de que incapaz de «poder seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales y por las peticiones continuadas de ésta, Ángel decidió finalmente poner fin a su vida ». «Consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico y que ella, por su estado, no podía hacerlo sola», consensuó con aquella la forma en que la ayudaría.

Fue el 3 de abril de 2019, a eso de las diez de la mañana. Estaban solos. Y después, él llamó a urgencias y contó lo que había pasado, igual que hizo ante el juez cuando fue llamado a declarar por este asunto, que a priori, fue leído como un caso de violencia de género.

«No solo relató todo lo ocurrido, sino que, además aportó toda la documentación y videos sobre los hechos que tenía en su poder. Documentos estos, que redujeron muy notablemente, las gestiones para el esclarecimiento de los hechos» alegaba el fiscal, que pedía seis meses con atenuante de confesión y parentesco y se abría a apoyar un indulto si había condena. Ahora, retira su acusación.