Las prisas de Sánchez por la eutanasia sumen en el caos al sistema sanitario

Ayer, el día límite, solo cinco comunidades estaban en disposición de aplicar la ley que les exige el Ejecutivo y aprobada el 18 de marzo. Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco son las únicas autonomías con las comisiones creadas y sus respectivos miembros nombrados, uno de los requisitos para que empiecen a funcionar. La mayoría de las regiones restantes -Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana- todavía no han oficializado los nombramientos ni se ha realizado la reunión de constitución de la comisión apta. Únicamente han publicado en sus respectivos boletines oficiales autonómicos el decreto para su creación. Y, por último, otras como Madrid, Galicia o Asturias la creación de este órgano no se ha materializado todavía.

La falta de puesta a punto de las comunidades ya fue advertida en marzo por los propios profesionales sanitarios que avisaron de que un plazo de tres meses para poner en marcha una prestación tan delicada era muy corto y más en medio de un sistema sanitario colapsado por el Covid-19. Los peores pronósticos se han cumplido y en las comunidades en las que todavía no se han publicado los decretos que materializan las comisiones puede que el funcionamiento de las mismas llegue tarde. Aunque la comisión de garantías tiene que actuar hasta 15 días después de que el paciente solicite a su médico responsable ayuda a morir, puede que ni siquiera en dos semanas las autonomías más rezagadas puedan tener en funcionamiento al órgano que tomará la decisión.

Según establece la Ley Orgánica sobre la Regulación de la Eutanasia (LORE), cada Comisión de Garantía y Evaluación deberá contar con un mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas. Sin embargo, la ley no especifica ni orienta a las comunidades sobre las especialidades que deberían reunir los perfiles profesionales . En algunos órganos, como el extremeño, está previsto que lo compongan profesionales de ámbitos diferentes como la neurología, medicina interna, salud mental, anestesia, oncología, los cuidados paliativos, la medicina familiar y comunitaria, juristas y representantes del Comité de Bioética, pero no es una situación que se dé en toda España.

Por ello, l os neurólogos reclamaron ayer la presencia de al menos un médico especialista en Neurología con formación adecuada y acreditada por una sociedad científica, como la Sociedad Española de Neurología o SEN, entre los miembros de cada comisión de garantías y evaluación. Los psiquiatras piden lo mismo, ya que en los países donde está regulada la eutanasia, los pacientes con enfermedades neurológicas o psiquiátricas suponen entre el 15 y el 20% de las peticiones.

Entre los flecos que quedan pendientes pese a que ya ha entrado en vigor se encuentra el Manual de buenas prácticas. Este documento es el que establece las recomendaciones sobre qué fármacos utilizar y otros aspectos clave como los modelos para que la prestación de la eutanasia sea homogénea en España . Se trata del formulario de solicitud, la hoja de información sobre la eutanasia, el consentimiento informado o las recomendaciones para el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios. El plazo para que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) apruebe este protocolo acaba el 25 de septiembre y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el pasado miércoles que estaría disponible «próximamente», pero no concretó la fecha.

Además, está pendiente la formación de los profesionales sanitarios . La Comisión de Formación Continuada todavía está coordinándose con las comunidades en torno a la oferta, que deberá recoger todos los aspectos necesarios para que los médicos puedan llevar a cabo esta prestación con todas las garantías posibles.

Desde Derecho a Morir Dignamente (DMD), una de las asociaciones que más ha luchado por despenalizar la eutanasia en nuestro país, mantienen, respecto a esta aparente lentitud de la puesta en marcha de la ley, que no va a haber una avalancha de solicitudes en los primeros meses, por lo que las comunidades tendrán tiempo para establecer todos los requisitos necesarios. «Como ocurre con la mayoría de derechos nuevos, al principio veremos cifras más reducidas », indican desde DMD. Una vez esta práctica se asiente en España, la asociación estima que entre el 1 y 2% de las muertes se produzcan por eutanasia.

Uno de los requisitos para que se aplique la eutanasia es que el paciente «haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos». Desde la aprobación de la ley , según DMD, ha aumentado el número de personas interesadas en el documento de instrucciones previas , pero con la pandemia se da la paradoja de que se han registrado menos instrucciones previas, ya que en muchas comunidades este tipo de documentos se registran en centros de salud o en hospitales de forma presencial.

En Aragón , por ejemplo, ya se han presentado más de 560 testamentos vitales cuyos firmantes solicitan la eutanasia si llega un día en el que su situación encaja con los supuestos contemplados en la ley. Hay que tener en cuenta que en esta comunidad, antes de que se aprobara la ley de eutanasia, ya permitía a sus ciudadanos que la solicitaran en sus testamentos vitales para cuando fuera legal. Hasta el pasado miércoles, en Aragón había activos 11.176 documentos de voluntades anticipadas, de los que 563 recogen el deseo expreso de acogerse a la eutanasia. Fuentes del Gobierno aragonés señalaron a ABC que el número de testamentos vitales con deseo de eutanasia han aumentado sustancialmente en tres meses. « En torno al 80% de quienes han presentado testamento vital lo han hecho expresando el deseo de poder acogerse a la eutanasia », indicaron.

En Asturias, desde enero se han registrado 330 documentos de instrucciones previas; en Baleares, 905; en Canarias, 636; en Castilla-La Mancha, 169; en País Vasco, 2.293; y en La Rioja, 159.

*Con información de L. Daniele, A. Cabeza, A. Caparrós, P. Abet, R. Pérez Blasco, M. Amorós, S. Medialdea, M.J. Muñoz, L. Bautista, M. Serrador y R. Fernández Ortiz.