La falta de presupuestos del Estado deja en el aire las oposiciones para profesores

La oferta de empleo público de 2017 para todos los sectores de las administraciones está ligada a la ley anual de cuentas del Estado de este mismo ejercicio, donde se fija la tasa de reposición de las plazas vacantes por bajas, debidas fundamentalmente a jubilaciones .

Por ello, l as comunidades no pueden convocar oposiciones mientras tanto, y el Gobierno trabaja en busca de una solución para que se puedan sacar las plazas, según fuentes de Hacienda.

La Consejería de Educación de Asturias y el sindicato CSIF han propuesto que un real decreto ley desbloquee la situación . El anterior ejecutivo socialista redujo la reposición anual al 30%; el del PP la mantuvo en el 10% entre 2012 y 2014, la subió al 50% en 2015 y al 100% en 2016.

Autonomías como Cantabria y Comunidad Valenciana piden suprimirla para poder recuperar el personal perdido y reducir los interinos docentes, un 20-25 % de media, según los sindicatos.

Las oposiciones de docentes deberían convocarse y celebrarse con antelación suficiente para que los profesores puedan incorporarse ya al curso siguiente, según fuentes de Educación de varias comunidades.

Asturias , que se ha dado hasta el 15 de marzo para convocarlas, ha urgido una conferencia sectorial de Educación para concretar la reposición y posibilitar las oposiciones para maestros en el Principado (al menos 347 plazas).

El consejero de Cantabria, Ramón Ruiz, ha pedido al ministro Íñigo Méndez de Vigo que «clarifique su postura» y convoque esa reunión inmediatamente. Según Ruiz, la Dirección General de Evaluación de Educación comunicó a las autonomías que la tasa de reposición no se va a fijar hasta que no haya presupuestos del Estado , así que no se pueden convocar oposiciones, «amenazando con impugnarlas». Cantabria quiere publicar este año 187 plazas de maestros, equivalentes a una reposición del 100%.

Fuentes ministeriales de Educación han declinado comentar el asunto y se han remitido a Hacienda por tratarse de una cuestión de presupuestos.

También Murcia ha decidido consultar a ambos ministerios para poder actuar legalmente y sacar nuevas plazas de maestro (448).

Madrid tiene intención de convocar, pero está esperando el criterio del Gobierno central. Los presupuestos autonómicos de 2017 prevén 175 nuevos docentes.

Y Baleares también está pendiente de la aprobación de los presupuestos estatales y conocer la tasa de reposición para determinar las plazas exactamente; las pruebas serían en julio.

Andalucía mantiene la idea de publicar plazas de maestro y rechaza «chantajes»del Ejecutivo de condicionar las convocatorias a la aprobación de los presupuestos.

Y el Gobierno vasco acaba de publicar 740 plazas de maestros ; fuentes del departamento de Educación no ven inseguridad jurídica en esta convocatoria autonómica.

Pero Navarra pospondrá las pruebas (184 plazas de secundaria y 35 de FP) al año próximo por no dar tiempo a celebrarlas antes del final de curso, ya que no ha recibido respuesta «concreta» del Gobierno central sobre cuándo se conocerá la tasa de reposición.

En Castilla y León no habrá oposiciones porque la ausencia de presupuestos estatales y autonómicos y el desconocimiento de esa tasa lo hace «imposible». Las plazas no convocadas se acumularán a la siguiente convocatoria junto a las 800 vacantes de 2016 por jubilaciones y fallecimientos.

Igualmente, las autoridades valencianas pactaron con los sindicatos acumular las oposiciones de 2017 a los dos años siguientes, cuando se convocarán 4.946 plazas para infantil, primaria y secundaria.

El Gobierno y los sindicatos de Extremadura , que aducen motivos de «inseguridad jurídica», han decidido el aplazamiento (145 plazas) y convocar listas extraordinarias este año para atender la falta de profesorado en algunas especialidades.

La intención de Castilla-La Mancha era convocar 500 puestos para primaria, pero ha determinado no hacerlo por las mismas razones.

La Rioja ha acordado con los sindicatos sumar las cien plazas de niveles y especialidades diferentes de 2017 a las de 2018.

El sindicato ANPE califica la situación de «caos», CCOO denuncia «perjuicio y precariedad» para miles de interinos y CSIF asegura que 50.000 vacantes podrían quedar sin cubrir .