La número tres de la Sanidad británica defiende «el derecho a matarse»
T. Nicklinson solicitó que alguien le matara «legalmente», pero la Justicia rechazó su petición. Después, falleció - abc
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La número tres de la Sanidad británica defiende «el derecho a matarse»

Pide «honestidad» para que no se lleve a los tribunales a quien «ayuda a morir»

j. grau
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La gente que busca ayuda para morir debería tener asistencia en el mismo Reino Unido, ha declarado Anna Soubry, la recién nombrada (el pasado día 4 de septiembre) número tres en el Ministerio de Sanidad. Con ello ha creado un enorme revuelo en la sociedad y en los medios británicos.

En declaraciones al diario The Times, Soubry sostuvo anteayer: «Es ridículo y atroz que los británicos tengan que irse al extranjero para acabar la vida en lugar de hacerlo aquí, en casa». Afirmó que estaba en contra de la eutanasia, pero a renglón seguido añadió: «No puedes decir a un médico o a una enfermera: "Mata a esta persona", pero uno ha de tener derecho a matarse a sí mismo». Estar en contra de la eutanasia y la frase siguiente paracen una contradicción en los términos.

El mismo Ministerio de Sanidad ha tenido que salir al paso y declarar que los puntos de vista de la señora Soubry eran los suyos personales. El Ministerio de Justicia completó que el Gobierno no planeaba enmendar la ley. Que eso era una cuestión del Parlamento.

Soubry fue nombrada subsecretaria de Sanidad en la reforma ministerial a comienzos de la semana pasada y poco después ha pedido mayor «honestidad» para que no se lleve a los tribunales a alguien que «ayuda a otro a morir».

La Justicia británica rechazó el pasado 16 de agosto la solicitud de un hombre que pedía que un médico pusiera fin a su vida de forma legal. Este paciente era víctima de un cierto «síndrome de enclaustramiento» (locked-in syndrome) tras el infarto cerebral que le dejó paralizado de cabeza para abajo en 2005.

Los tres jueces de Tribunal Supremo que vieron el caso, aunque reconocieron el carácter trágico de su situación, estimaron que la ley era clara: «La eutanasia voluntaria -es decir, buscada intencionadamente- es un asesinato», sea cual fuere la motivación.

El hombre en cuestión, Tony Nicklinson, murió el 22 de agosto (no se sabe exactamente cómo y no se investigará), pocos días después del veredicto del Supremo. Tenía 58 años, estaba casado y con hijos.