Los editores denuncian falta de tiempo para adaptar los libros de texto a la 'ley Celaá'

Pero ahora se ha estancado. El camino a seguir tras la entrada en vigor de una ley educativa es la aprobación de los llamados reales decretos de enseñanzas mínimas, que establecen qué hay que aprender en cada asignatura. Y con ellos, los editores de libros de texto se pueden poner manos a la obra . Pero como los de Primaria todavía son un borrador y los de Secundaria ni se han distribuido entre las comunidades autónomas, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) ha denunciado en un comunicado la falta de tiempo para adaptar los libros a la 'ley Celaá'.

En el informe 'El libro y contenidos educativos en España. Curso 2021-2022', muestran su preocupación « por la dilación que se está produciendo en la elaboración de la propuesta curricular , tanto del Ministerio de Educación como de las administraciones educativas autonómicas».

Tal como marca la normativo, el departamento de Pilar Alegría es el encargado de los currículos y las consejerías del ramo tendrán que evaluarlos y completarlos hasta el límite legal: es decir, en las regiones sin lengua cooficial, los reales decretos suponen el 60% del currículo y, en las que tienen lengua cooficial, el 50% .

«Con lo que proporcione del ministerio, las comunidades podrán empezar su parte, aunque nos gustaría que se estuviese haciendo un trabajo en paralelo de manera que las editoriales podamos elaborar los contenidos adoptando la nueva normativa», señalan fuentes de Anele que piden más consenso en la elaboración de los currículos que el hubo en la tramitación de la norma: « S ería deseable algo más de consenso que el que se ha producido en la tramitación de la ley, dejando al margen las cuestiones partidistas».

Los currículos de la ‘ley Celaá’ y los libros de textos deben estar listos para aplicarse en el curso 2022-23 en el caso de los cursos impares de Primaria, ESO y Bachillerato y en el 2023-24, para los cursos pares.

En el comunicado enfatizan, además, en la importancia de lograr más acuerdo en la homogeneización de los currículos de las diferentes comunidades que la que se produjo con la Lomce (norma de los populares). «La Lomloe garantiza un importante nivel de autonomía a las comunidades para el desarrollo de sus currículos, pero nada impide que, en los trabajos que éstas están desarrollando con el ministerio, se pueda producir un alto nivel de acuerdo que, al menos en las áreas científicas , pueda producir una mayor homogeneización de la enseñanza. Resulta incomprensible la existencia de 17 ediciones diferentes de un libro de matemáticas como consecuencia de la dispersión de las políticas educativas », apunta el informe.

Por otro lado, Anele ha reconocido su preocupación por la «intervención de las administraciones educativas autonómicas» en la promoción y contratación de recursos digitales que, a juicio de los editores, «podría poner en riesgo el pluralismo educativo». Argumentan que «la ley establece que los docentes son los únicos que pueden seleccionar qué libros y materiales se emplean en sus clases, por lo que, señalarles qué recursos deben emplear podría, además de suponer la vuelta al libro único, poner en riesgo la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra . Por no hablar de lo que supondría que sea un determinado Gobierno quien determine qué desarrollo de los contenidos se imparten en sus clases».

Se refieren, concretamente a comunidades como Galicia, Madrid y Castilla y León aunque también denuncian a comunidades donde los contenidos digitales no tendrían buena calidad, como es el caso de Cataluña, apuntan las mismas fuentes.