Se disparan en Baleares las inscripciones en las pruebas para obtener el certificado de catalán

Por lo que respecta a este mes de mayo, se presentarán ahora un total de 6.877 personas a las citadas pruebas para obtener los certificados oficiales de conocimientos de lengua catalana de los niveles A2, B1, B2, C1, C2 y lenguaje administrativo. En mayo del pasado año hubo 5.740 inscripciones, lo que implica que se han apuntado 1.137 personas más que hace doce meses. Por niveles, el B2 —intermedio— es el que presenta ahora más inscripciones, con 2.149 en total, seguido del nivel C1 —avanzado—, con 1.595 inscritos , y del B1 —elemental—, con 1.551 inscritos en total. El nivel C1 se exige, por ejemplo, a quienes se quieren dedicar a la docencia, mientras que el B1 y el B2 se pide, esencialmente, al personal sanitario.

El incremento de inscritos en 2018 cabe contextualizarlo en el hecho de que en la presente legislatura el catalán ha pasado a ser un requisito para quienes aspiran a lograr una plaza de funcionario . A ello hay que añadir la reciente aprobación del denominado decreto del catalán en la sanidad, que regula el conocimiento de la lengua cooficial que deberán tener los médicos, enfermeros , técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña.

La Ley de Función Pública fue aprobada en 2007 por el entonces presidente autonómico, el popular Jaume Matas. El sustituto de Matas, el socialista Francesc Antich , mantuvo dicha norma sin cambios durante el mandato 2007-2011. Antich fue relevado al frente del Ejecutivo por Bauzá, quien en 2012 optó por modificar parcialmente la Ley de Función Pública. Con Bauzá, de manera genérica, el catalán dejó de ser un requisito para los futuros empleados públicos y pasó a ser sólo un mérito.

Ya en la presente legislatura, el Ejecutivo que preside Armengol, con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos, aprobó derogar la reforma de Bauzá y volver con leves variantes al texto originario de la Ley de Función Pública, que es el que ahora está vigente. De la citada ley deriva el decreto 11/2017, de 24 de marzo, de exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para ocupar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad.

En cuanto al decreto del catalán en la sanidad, aprobado el pasado 23 de marzo, establece en su versión definitiva que se podrá presentar a las futuras oposiciones cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación de catalán establecida para cada categoría laboral. Esa regla valdrá también para los celadores , aunque en sentido estricto no pertenecen realmente al ámbito sanitario.

El nivel de conocimiento del catalán fijado finalmente por la Consejería de Salud para médicos, enfermeros y técnicos es el B1, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores es el A2 o básico. La preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en todas esas categorías laborales en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo el profesional sanitario que superó las oposiciones no pudiera acreditar la titulación de catalán que le corresponde, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.

El decreto del catalán en la sanidad ha suscitado y sigue suscitando críticas desde diversos ámbitos. Así, por una parte han venido reiterando su oposición a la nueva norma lingüística el PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), CSIF, diversas asociaciones de pacientes y la plataforma ciudadana Mos Movem. Al mismo tiempo, desde entidades próximas al independentismo, como por ejemplo la Obra Cultural Balear o la Plataforma por la Lengua, se ha criticado a Armengol por haber decidido finalmente no aprobar el primer borrador del decreto, que era menos flexible que el texto definitivo en cuanto a las exigencias lingüísticas.

Por lo que respecta a las condiciones fijadas por el Govern para los profesionales no sanitarios que deseen presentarse a las futuras oposiciones en el Servicio de Salud, dichas condiciones son distintas a las establecidas para médicos y enfermeros. En ese sentido, los profesionales no sanitarios que quieran inscribirse en la próxima convocatoria deberán acreditar previamente la titulación lingüística exigida para cada rango laboral. Así, por ejemplo, un aspirante a ocupar una plaza de auxiliar administrativo deberá contar con el ya citado nivel B1 para tener derecho a poder presentarse a las futuras oposiciones, mientras que un candidato a administrativo deberá poseer el nivel B2.