Una asociación pide a la Fiscalía de Baleares que intervenga por el requisito del catalán a médicos y enfermeros

Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico, que preside la socialista Francina Armengol, está a punto de aprobar un controvertido decreto lingüístico en el que se regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos y enfermeros que deseen trabajar en la Comunidad. La futura norma establece que la lengua catalana será un requisito para los auxiliares, enfermeros y médicos que se presenten a oposiciones. Los auxiliares deberán acreditar el nivel B1 o básico, mientras que médicos y enfermeros deberán tener el nivel B2 o avanzado para poder optar a una plaza en la sanidad pública.

El borrador del decreto fue pactado a finales del pasado verano entre el PSOE y MÉS por Mallorca —que forma parte del Ejecutivo de Armengol—, tras varias semanas de discrepancias entre ambos partidos sobre si el catalán debía ser o no un requisito en la sanidad pública balear. Con anterioridad, en agosto, los ecosoberanistas de MÉS habían obligado a los socialistas a retirar una resolución inicial del Servicio de Salud en la que se dispensaba del conocimiento del catalán a médicos, enfermeros y farmacéuticos.

Para «El Defensor del Paciente», los médicos y personal sanitario, así como los ciudadanos y trabajadores en general, « no tienen obligación alguna de conocer una lengua que no necesitan para su trabajo ». En ese sentido, el escrito dirigido ahora al fiscal jefe de Baleares también indica que «los que trabajan en la sanidad no tienen ninguna obligación de hablar catalán, porque en el supuesto de que un turista tuviera que acudir a un hospital o centro no entendería el catalán». Por todo ello, se estaría violando, a juicio de la citada asociación, «un derecho que creemos fundamental, que es el derecho a decidir qué lengua o no se habla o practica ». Para Flores, la única lengua que de manera obligatoria se debe hablar y conocer es «la oficial de nuestro país».

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse) del Archipiélago, mayoritarios en el sector, son las dos entidades que hasta ahora se han opuesto con mayor firmeza a la exigencia del catalán en la sanidad isleña. Ambos sindicatos anunciaron el pasado mes de noviembre que impugnarían el mencionado decreto autonómico , pues consideran que la nueva norma dificultará la llegada de especialistas del resto de España a las Islas. Simebal y Satse defienden que el dominio de la lengua catalana sea sólo un mérito y no un requisito , al entender que debería primarse la atención sanitaria por encima del posible conocimiento o no del catalán.

En ese contexto, unas 2.000 personas participaron el pasado domingo en Mahón , capital de Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha) contra la «imposición del catalán» por parte del Gobierno balear «a todo el personal sanitario» . El lema de la marcha fue «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». Cabe recordar que en estas últimas semanas diversos médicos foráneos que trabajan en los hospitales de Menorca y de Ibiza han expresado públicamente, en los medios de comunicación, su deseo de abandonar el Archipiélago por esa exigencia lingüística.

Por su parte, tanto Armengol como la consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez, han venido reiterando que ninguna plaza sanitaria quedará sin cubrir por ninguna razón lingüística a pesar de la exigencia del catalán y que ningún profesional sanitario habría dejado de venir a Baleares por no conocer la lengua propia de la Comunidad. En ese sentido, desde el Govern se recuerda que ya ahora se contemplan algunas excepciones, que están también recogidas en el decreto que en breve aprobará el Consejo de Gobierno. Una de esas excepciones establece que cuando haya menos aspirantes que plazas a cubrir, no se exigirá el conocimiento del catalán.