La discrimación del castellano en la «ley Celaá» llega a la Comisión Europea

Ante esta «grave vulneración de los derechos fundamentales», la eurodiputada ha decidido denunciar ante la Comisión Europea (CE) lo que considera «una discriminación y un abuso» por parte del Gobierno de coalición. Para Pagazaurtundua, el Ejecutivo «actúa por un interés puramente espurio y pretende establecer por ley algo que finalmente los tribunales van a determinar que no es aceptable». «Sabemos que los niños deben ser el eje del sistema educativo, por lo que generar una discriminación lingüística por motivos políticos es una aberración», aseguró a ABC.

La eurodiputada, que también es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para que aclare si va a tener en cuenta esta enmienda a la nueva ley de educación en su próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.

«Es un enfoque nuevo porque lo que le indicamos a la Comisión tiene que ver con una ley que puede aprobarse en el Parlamento nacional y que de ser así puede provocar la discriminación de los alumnos de lengua materna española, lo que es inconstitucional de forma flagrante . Porque una de las cosas que establece la Constitución española en uno de sus primeros artículos es la existencia de una lengua común que es el español y de lenguas cooficiales. La existencia de lenguas cooficiales nunca puede ir en detrimento de los derechos de los ciudadanos», aseguró.

Los informes sobre el cumplimiento del Estado de Derecho es una iniciativa de la Comisión ante el surgimiento los últimos años de algunas tendencias populistas que llevan a ciertos Ejecutivos a abusar de sus posiciones de poder. El pasado mes de septiembre la CE publicó el primero y sacó los colores al Gobierno de Sánchez por la falta de independencia en el nombramiento del fiscal general del Estado o la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pagazaurtundua espera ahora que se pronuncie también sobre la ley Celaá.

«Quitar el castellano como lengua vehicular por puro interés ideológico no es asumible porque hay que gobernar para todos los ciudadanos, no solo para que aquellos que los ultranacionalistas determinan o para aquellos compañeros de interés que el Gobierno se ha encontrado en el camino», afirmó.