El Defensor del Pueblo denuncia abusos en los centros de menores

El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.

A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas. El trabajo también que las ausencias voluntarias de los internados son muy frecuentes, llegándose en muchos casos a cifras muy elevadas de ausencias definitivas.

Asimismo, la Institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria.

Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.

A pesar de ser escasos los reglamentos de régimen interno, Múgica indica que los centros realizan registros en las habitaciones de los niños, a los que se les exige incluso desnudos integrales sin justificación ni comunicación al juez de primera instancia, al que se le deben trasladar cuantas circunstancias fuesen precisas, en orden de realizar una medida de tal naturaleza, según lo reiterado por el Tribunal Constitucional.

Sobre el régimen de relaciones con la familia, el estudio revela que la frecuencia de las visitas de sus progenitores o demás familiares, así como las salidas del centro, suelen ser motivo de insatisfacción entre los menores, que continuamente demandan un incremento de las mismas.

Así, se desprende que en la mitad de los centros visitados por la Institución se establece un número fijo de llamadas semanales y, en algún caso, éstas deben ser pagadas por el menor y no siempre se respeta su privacidad. Asimismo, pocas instituciones tienen un programa concreto dirigido a la intervención familiar por falta de medios.

Si bien el éxito las intervenciones pedagógicas en los menores tiene que ver con la labor del personal especializado que trabaja en estas instituciones, la investigación revela que en muchos casos el

personal se encuentra desmotivado por un trabajo muy estresante, con escaso soporte y formación continua, con horarios variables, una exigencia de disponibilidad total y un salario no especialmente motivador. Esta situación conduce a la mayoría del personal pedir la baja temporal e incluso el cese voluntario.

En cuanto a la vigilancia de estos centros, el Defensor del Pueblo denuncia que muy pocas administraciones competentes hacen un seguimiento frecuente de la situación en que se encuentran. Por este motivo, desde los centros se reclama una mayor proximidad, implicación y especialización de los técnicos de la entidad pública que se ocupan del seguimiento de cada menor. Asimismo, señala que la excesiva burocracia exigida por parte de las administraciones suele tener consecuencias negativas en los menores.

Entre los motivos para la realización de esta investigación, el Defensor del Pueblo señala la entrada de un considerable número de quejas, "cada vez más significativo y creciente", formuladas por padres alarmados ante las dificultades que para la convivencia suponen los graves problemas de inadaptación familiar y social de sus hijos, así como las referidas a las deficiencias e irregularidades que presuntamente se estaban produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores.

Para realizar una valoración lo más objetiva posible de la situación, la Institución presidida por Enrique Múgica seleccionó 27 centros entre los 58 actualmente existentes en España. Para ello, inspeccionó establecimientos en todas las comunidades autónomas que cuentan con recursos de esta naturaleza, procurando seleccionar los gestionados por diferentes entidades a fin de conocer los distintos tipos de intervención que se están desarrollando con los menores.

De la investigación realizada por el Defensor del Pueblo se deduce que los resultados del sistema de protección que se viene desarrollando no siempre son satisfactorios para los educadores, y en muy pocos casos para los educandos, que manifiestan un elevado índice de insatisfacción, tanto durante su permanencia en estos recursos de acogida, como cuando, al cumplir 18 años, han de abandonar el centro aunque no hayan superado su programa de intervención terapéutica.

Entre las 57 recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe destacan la realización de investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en la sociedad y se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta,en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

Asimismo, el Defensor del Pueblo aconseja establecer indicadores que permitan evaluar la efectividad de los distintos programas de intervención puestos en práctica para que la Administración asuma el liderazgo que le corresponde como responsable de los menores; prestar especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto; y establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta.

Solicita a las administraciones competentes (estatales, autonómicas y locales) que intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo,sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización de los menores.

Aconseja que se dote a la Fiscalía de los medios necesarios para realizar el control periódico del funcionamiento y organización de los centros de protección y de los proyectos educativos que en ellos se aplican y que este organismo judicial extreme la vigilancia en los casos de ingresos de menores en centros específicos para el tratamiento de los trastornos de conducta de forma semestral.

Sobre las infraestructuras, recomienda que tanto en los casos señalados en el informe, como en todos aquellos en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros propiedad de la Administración, se doten los recursos económicos necesarios para tal fin.

En cuanto a las referidas a los profesionales que trabajan en la atención a menores con trastornos sugiere que dispongan deactuaciones y programas de soporte y refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor y se promueva la formación especializada y continuada de este colectivo.