Los cooperantes, «un blanco fácil» en las zonas más calientes del planeta

En agosto de este año, la ONUpuso la voz de alarma sobre la inseguridad que sufren los cooperantes . A lo largo de 2016, más de 4.000 sufrieron ataques, mientras que los asesinatos se multiplicaron por dos. Las organizaciones internacionales denunciaron también esta grave violación del derecho internacional en mayo de 2016 en la Cumbre Humanitaria mundial, celebrada en Estambul (Turquía).

Desde 1990, solo nuestro país ha perdido 13 cooperantes mientras cumplían con su misión en diferentes partes del mundo. La última víctima ha sido Lorena Enebral asesinada este lunes a tiros por uno de sus pacientes en un centro médico de la Cruz Roja en la ciudad de Mazar-i-Sharif, en Afganistán. La Fiscalía pidió el viernes a la Audiencia Nacional que se investigue la muerte de la fisioterapeuta madrileña por entender que «el ataque podría tratarse de una acción terrorista de algún tipo talibán». Con Lorena, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha perdido a siete de sus trabajadores en este país en lo que va de año, por lo que ha decidido cerrar y evacuar su oficina en Mazar-i-Sharif, al norte del país.

«Los conflictos se han vuelto más complejos y fragmentados», reconoce Elodie Schindler, portavoz del CICR, que observa «a menudo un desprecio descarado por los principios básicos del derecho internacional humanitario o las leyes de la guerra», lo que, señala, «genera peligros para las organizaciones humanitarias, incluida hostilidad a su trabajo». «Nuestra seguridad depende de que las partes en conflicto en las áreas en que operamos nos acepten y confíen en nosotros», explica.

La directora humanitaria de Oxfam Intermón, María Chalaux, considera que en este contexto «el riesgo que corren a diario los cooperantes es muy alto, ya que se han convertido en un blanco fácil para los grupos armados».

Lorena Enebral «tenía la inquietud de ayudar a los más necesitados, aquellos de los que nadie se acuerda», asegura Guadalupe Martín Laborda , responsable de Operaciones de África Decide, con quien trabajó la fisioterapeuta asesinada. «Lo más impresionante –subraya– es que lo viven como una gran suerte, no como un sacrificio; se sienten muy afortunados por tener la oportunidad de llevar alivio a los más necesitados».

Sandra Astete , especialista en Políticas de Infancia de Unicef España, subraya que «frente a esta nueva coyuntura, los gobiernos y las instituciones internacionales deben hacer cumplir la legislación y sancionar a quienes se saltan las reglas del juego», asevera Astete. Según recuerda, «los colegios y hospitales son los únicos espacios de normalidad que tiene la población civil en medio de una guerra y nunca deberían convertirse en el blanco de un bombardeo».

Fuera de sus fronteras, España cuenta en la actualidad con 2.788 cooperantes, según un reciente estudio de la Agencia Española de Cooperación (AECID). Su perfil es el de una mujer madrileña, mayor de 35 años, que trabaja en una ONG en África Subsahariana. «El sector de la cooperación siempre ha sido potente en nuestro país y siempre hemos tenido una buena cantera de cooperantes», explica Ángel González Navas, miembro de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

Todo el sector de la ayuda al desarrollo coincide en que España sigue siendo «una potencia en cooperación en regiones como América Latina». Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), destacan además la «calidad de los profesionales españoles», ya que muchos de ellos terminan colaborando para organismos internacionales, en sectores de gran especialización como la ONU, «donde no entra todo el mundo».

Curiosamente la mayor parte de los cooperantes españoles –el 38%– es personal religioso –984 personas–. A esta cifra se suman otros 8.748 misioneros distribuidos sobre todo en América y África. Otros 2.273 están en España a la espera de nuevos destinos. En total, 13.000 misioneros trabajan en los lugares más olvidades del planeta, señala el director de las Obras Misionales Pontificias (OMP) de España, el sacerdote Anastasio Gil.

Estos 13.000 religiosos, laicos y sacerdotes no están reconocidos con el estatus de cooperante, ya que, según explica el padre Anastasio, son «voluntarios internacionales y no tienen una relación contractual» con la institución religiosa que los envía. «Quien lleva el protagonismo de la ayuda al más pobre es la Iglesia que es quien se lo ha tomado en serio. Los misioneros son lo que están cuando los otros vuelven», comenta el sacerdote. Para el padre Anastasio, es apremiante que la Administración establezca algún «sistema de cotización a la Seguridad Social que reconozca la especificidad de la labor realizada por los misioneros y de esta manera puedan tener derecho al desempleo y cobertura sanitaria cuando regresan a España». La petición de la Iglesia parece muy justa pero difícil de conseguir a la vista de los «duros» recortes que el Gobierno ha realizado en los últimos años a la cooperación. Las ONG denuncian que la ayuda al desarrollo supone el 0,12% de la Renta Nacional Bruta (RNB), muy por debajo del 0,40% de la media de los países europeos.