El Consejo Consultivo de Baleares tiene dudas sobre la legalidad de un artículo del decreto del catalán

Cabe recordar que la futura norma autonómica permitirá, finalmente, que se pueda presentar a oposiciones cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación lingüística, que deberá conseguir en un plazo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo dicho profesional no pudiera acreditar un nivel básico de catalán, el decreto reconoce en su artículo séptimo que esa persona no perderá su plaza , pero añade que no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.

El contenido del citado artículo es, precisamente, el que genera dudas en algún integrante del Consejo Consultivo, por lo que, como se ha señalado ya, el decreto del catalán volverá a tratarse en una próxima reunión de este órgano independiente. En ese contexto, cabe recordar que días atrás fuentes del Gobierno central anunciaron su intención de recurrir el decreto autonómico en caso de que finalmente sea aprobado en los términos en que ha sido anunciado en estas últimas semanas por el Govern. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy cuestiona igualmente, sobre todo, la posible legalidad del séptimo artículo del texto.

El dictamen del Consejo Consultivo no tendrá un carácter vinculante, pero la posibilidad de que pueda ser aprobado finalmente con algún voto particular en contra supondría un nuevo contratiempo para la presidenta de la Comunidad, la socialista Francina Armengol , que gobierna con el apoyo directo de MÉS por Mallorca y el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca. En cualquier caso, el propósito del Govern es aprobar el decreto del catalán en su redacción actual, a pesar de que ello pueda suponer que sea recurrido por el Gobierno central. En estos momentos, Baleares es la única comunidad de España que exige el conocimiento de la lengua cooficial en la sanidad pública.

El controvertido decreto lingüístico, en su actual redacción, fue aprobado inicialmente en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 9 de febrero, con el voto en contra del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) . Cabe recordar que el primer borrador del decreto, que finalmente fue desechado por Armengol, establecía que la lengua cooficial sería un requisito para auxiliares, enfermeros y médicos que se presentasen a oposiciones. Además, los auxiliares deberían acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberían tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública.

En cualquier caso, los dos principales partidos de la oposición, el PP y Cs, rechazaron en su momento el primer borrador del decreto y no aceptan ahora tampoco el contenido del segundo texto. Paralelamente, decenas de médicos y de enfermeros han anunciado su propósito de irse de Baleares por la anunciada exigencia lingüística. De hecho, en estos últimos días han confirmado su marcha a la Península varios especialistas que llevaban años trabajando en Mallorca, Menorca o Ibiza.

Por lo que respecta a las movilizaciones que han tenido lugar en estos últimos meses, la más reciente tuvo lugar el pasado 22 de febrero, ante el Hospital de Can Misses, en Ibiza. Ese día, más de 100 profesionales sanitarios mostraron su rechazo al mencionado decreto. Previamente, el 18 de febrero, algo más de 2.500 personas participaron en Palma en una manifestación en esa misma línea, convocada por la plataforma Mos Movem (En Marcha). La primera movilización cívica de estas características había tenido lugar en diciembre en Mahón, capital de Menorca, con la asistencia de unas 2.000 personas.

Mos Movem nació en octubre del pasado año en Menorca y empezó a movilizarse bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas». Impulsada por la empresaria Úrsula Mascaró y por Manuela Cañadas, dicha plataforma se reconvertirá en breve en la nueva entidad Sociedad Civil Balear, que será «hermana» de Sociedad Civil Catalana. Por otro lado, diversas asociaciones de pacientes o entidades como el Círculo Balear —hoy Actúa Baleares— han expresado también su absoluto rechazo a la futura norma autonómica.