La calle dice «no» a la «ley Celaá»: «Queremos que nos escuchen»

A través del ruido de los claxon, familias enteras protestaban así

contra la aprobación de una ley que, en su opinión, no las ha tenido en cuenta . Su principal temor es que los colegios concertados a los que llevan a sus hijos y los centros de educación especial se vean abocados al cierre. «Yo quiero tener libertad para poder elegir», contaba Mónica Fernández , profesora y madre de dos hijos que estudian en un centro de Madrid. «No se me ocurre un mejor plan mejor para este domingo que estar aquí manifestándonos por algo tan importante como es pelear por la libertad», añadía.

Desde la organización, la Plataforma Más Plurales que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos y diferentes colectivos del sector de la educación concertada pedían de nuevo «que se nos escuche». Antonio Amate , coordinador de la plataforma organizadora, recordaba que «España es de los españoles, no de los políticos. Si hay algo que no nos gusta de lo que hacen en el Congreso, habrá que decir ‘no’ en la calle». Respecto a las acusaciones por parte del PSOE y Podemos de sectarimo, Amate defendió que la imagen de ayer de las principales ciudades atascadas demuestra que su lucha «es cosa de los padres con sus hijos. Nos acusaban de adoctrinamiento, y se ha demostrado que no es así. ¿Qué adoctrinamiento hay en una familia? El problema es cuando yo quiero arrancar a los hijos de sus padres para decirles lo que ellos no quieren», añadió.

La concentración en Madrid transcurrió por el Paseo de la Castellana, en un circuito entre la Glorieta de Cuzco y la Plaza de Cibeles, donde los organizadores leyeron el texto contra la «ley Celaá». El manifiesto pide la protección y la continuidad de la pluralidad democrática del sistema educativo. «Ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia», sentenció desde el escenario Begoña Ladrón de Guevara , presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos COFAPA.

El texto, además, defiende la complementariedad de las redes pública y privada-concertada y no admite que la Lomloe permita a las autoridades educativas «imponer la distribución del alumnado». Los manifestantes no aceptan el modelo de «inclusión radical», que conduce a los centros de educación especial «a su progresiva desaparición». Asimismo, exigen «mejoras reales» para el personal de los centros educativos, ya que, en su opinión, la Lomloe «abandona» a los profesionales de la concertada y de la educación especial «al no incluir ni una sola mejora para equiparar y mejorar sus condiciones laborales, además de poner en peligro sus puestos de trabajo».

Para el Alfonso Aguiló , presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), esta reforma supone «un intento paulatino de nacionalización de la enseñanza que recuerda a tiempos anteriores, porque cada vez se dice con más descaro que la enseñanza tiene que ser sobre todo pública cuando lo que diferencia a los estados democráticos de los autoritarios es que el espacio público lo gestiona la sociedad».

Para Luis Martínez Abarca , director del Área de Colegios en Fundación Universitaria CEU San Pablo fue «realmente emocionante ver unidas a tantas familias de tantos colegios y de tantas sensibilidades. Sin crispación, con alegría pero con contundencia contra esta ley injusta».

Familias enteras, profesores que ven peligrar sus puestos de trabajo

e incluso abuelos preocupados por el futuro educativo de sus nietos pedían de nuevo a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que no panga en peligro este tipo de educación. Rosa, que tiene dos nietos que estudian en centros concertados recibía con dos banderas a todos los coches que subían desde Cibeles hacia Recoletos. «Me parece vergonzoso lo que quiere hacer (decía, en referencia a la ministra). Pero no estoy aquí por mis nietos sino en representación de todos. Quieren acabar con todo lo que es España, y eso no podemos consentirlo», añadía.

Esther Bermejo , madre de un niño que estudia en el colegio Tajamar acudió con toda su familia y unos amigos, y siguieron la jornada festiva en las puertas del ayuntamiento de Madrid, donde la plataforma Más Plurales instaló el escenario principal. «Yo solo tengo un hijo, pero en el colegio hay familias con hasta cinco. Si tuvieran que privatizarlo, ¿cómo iban a pagarlo?», se preguntaba. «Solamente podemos hacer esto, estar en la calle y protestar ante algo que consideramos injusto», añadió. Entre el resto de familias de su centro, según cuenta, también existe una gran preocupación. «He elegido ese colegio desde Primero de Infantil, ¿por qué me lo quieren quitar ahora?». En su caso, además de la cercanía a las instalaciones, valora también el trato y la cercanía con los profesores, por quienes también están preocupados.

Desde su propio coche, dos jóvenes docentes, Esther y Laura, que enseñan en un centro concertado, recordaban además el cierre al que parecen abocados los centros de educación especial , ya que «disminuirá la calidad de la atención y de la educación que reciban». «Somos profesoras, pero creemos que los padres merecen tener la libertad de poder elegir el colegio en el que van a estudiar sus hijos», añadía Esther.

En Madrid, la manifestación ha tenido lugar entre las 11.00 y las 13.00 horas y ha transcurrido por el Paseo de la Castellana, en un circuito entre la Plaza de Cibeles y la glorieta de Cuzco. Entre los asistentes estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , quien ha felicitado a los organizadores de esta gigantesca manifestación en su ciudad: «Deberían hacer reflexionar al Gobierno. No se puede hacer una ley de Educación sin consenso cuando estamos en una situación dramática. ¿Por qué se le permite a ella lo que no se permite a los demás padres? Le pregunta a la ministra de Educación en referencia a la noticia publicada hoy en ABC».

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), también presente en la manifestación, ha criticado la reforma de la ley de educación planteada por el Gobierno de Pedro Sáchez y ha recordado al PSOE que no puede «suplantar a los padres» a la hora de decidir qué educación quiere para sus hijos, por lo que ha exigido libertad.

La dirigente de Cs ha recalcado que su partido apoya la educación concertada y la educación especial, pero por encima de todo «la libertad» de los padres a elegir cómo quieren educar a sus hijos, algo que el PSOE «debería entender» y no pretender «suplantarles» y arrogarse el derecho de decidir por ellos.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha anunciado que recurrirán la reforma de la ley educativa ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias que consagran la libertad educativa. Asimismo, el líder del PP a nivel estatal ha asegurado que en las comuidades gobernadas por los populares, como es el caso de Galicia, harán «todo lo posible para legislar y evitar los estragos» que plantea la LOMLOE.

«Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa», ha señalado Casado. Así lo ha manifestado este domingo el presidente del PP durante la manifestación en Madrid.

Ante estas declaraciones, la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo , ha dicho este domingo que el PP no puede «alentar al desacato» ni cuestionar la aplicación de la reforma educativa de la Lomloe en ninguna autonomía, porque es «una irresponsabilidad absoluta» y ha pedido a su líder, Pablo Casado, que «vuelva a la moderación» y abandone «planteamientos ultras y extremistas».

La movilización de este domingo se suma a las otras cuatro celebradas este mes de noviembre frente al Congreso de los Diputados y en los centros escolares, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña «Más Plurales, Más Libres, Más Iguales» que ha puesto en marcha para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada «sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil».

«Estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática», critica la plataforma.