Bildu intenta salvar 'in extremis' la PNL que quiere borrar el castellano
Bildu intentará este jueves salvar la polémica Proposición no de Ley que pretende poner fin a la «imposición legal exclusiva del castellano», apoyada por Podemos, entre otras formaciones
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Iniciar sesiónBildu intentará este jueves salvar «in extremis» la polémica Proposición no de Ley que pretende poner fin a la «imposición legal exclusiva del castellano», apoyada por Podemos , entre otras formaciones.
¿Cómo lo harán? El texto, que propone también «asumir la realidad plurilingüe y ... garantizar que la administración del Estado funcione en la diferentes lenguas independientemente de su ubicación física », va a ser votado por puntos (en total son ocho) para intentar que salga adelante alguno de ellos por separado.
El pasado martes esta PNL se debatió en el Pleno del Congreso, a propuesta de Bildu. Fue firmada por Podemos, además de ERC, CUP, BNG, Junts, PDeCAT, PNV, EH Bildu, Compromís y Más País . La posición del PSOE quedó clara el mismo martes cuando la portavoz socialista del Congreso, Adriana Lastra dijo querían «dar garantías jurídicas y, si no se aceptan, votaremos en contra ».
El PSOE presentó una enmienda, «la valoraron las asociaciones, hicieron otra propuesta intermedia y fue el PSOE quien no la admitió», explican fuentes de Bildu. La propia presidenta, aseguran las mismas fuentes, le dijo a la formación abertzale que «si se incluían las enmiendas habría que haberlo comunicado el mismo martes, antes de acabar la sesión plenaria», pero no dio tiempo a ello por falta de acuerdo.
Por eso, Bildu ha optado por la alternativa de llevar la PNL por puntos, aunque no le han especificado a este periódico cuáles.
En el debate en el Pleno, el diputado del PSOE, Marc Lamua , en la línea de Lastra dijo que «el texto que nos presentan tiene un imposible encaje con la legislación vigente en España sin una reforma legal y constitucional y ustedes lo saben ; hay puntos que son inconstitucionales y que no llevan a ningún buen puerto este debate. No podemos aprobar algo que no sea constitucional porque después acabamos en sentencias judiciales que conducen a la nada más absoluta. Si quieren ser políticos responsables no pueden traer por la puerta de atrás unos puntos que requieren reformas constitucionales camuflando las intenciones».
Las asociaciones en defensa del castellano han criticado duramente el texto. «Los promotores de la PNL no defienden la igualdad de derechos lingüísticos, ni que se cumplan ciertos tratados y declaraciones internacionales, lo que persiguen es liquidar el estatus del español como lengua común , porque sirve como importante nexo de unión nacional, algo que no conviene a sus objetivos políticos. Teniendo en cuenta que quienes están siendo discriminados en la actualidad son los prefieren usar o ser atendidos en español por las administraciones públicas, sobre todo las familias con hijos en edad escolar, esta PNL resulta chirriante y casi hiriente», denuncia Gloria Lago , presidenta de la Asociación Hablamos Español.
Por otra parte, señala Lago, se manipulan datos y el contenido de tratados. «Afirmar que el 45% de los españoles no tiene el español como primera lengua (como ha hecho el diputado Néstor Rego, del BNG, uno de los partidos firmantes) , es asumir el postulado nacionalista de que la lengua regional la lleva toda la población incrustada en el ADN y, por lo tanto, en esas comunidades los hispanohablantes no existen»
Los hispanohablantes como «inmigrantes, refugiados, deportados o miembros de diásporas»
Añade que en sus argumentos para defender la aprobación de la PNL «invocan declaraciones con aspecto de textos jurídicos, como es el caso de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, dando a entender que en las comunidades con lengua regional cooficial existe una sola comunidad lingüística que está en su propio territorio, y que sería la constituida por los hablantes de dicha lengua, negando la evidente existencia de una comunidad lingüística hispanohablante, a no ser que consideren a los miembros de esta como inmigrantes, refugiados, deportados o miembros de diásporas ».
Por su parte, Ana Losada , presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), dice que «esta PNL no hay que atacarla porque exige que la Justicia se pueda impartir en catalán y castellano; no me opongo a ese derecho y no hay nadie que lo haga en otros puntos con lenguas cooficiales. El problema de esta PNL es que los partidos que la firman, como ERC, exigen algo que no están cumpliendo en su territorio ¿O acaso ERC cumple con la cooficialidad del castellano en Cataluña?¿Los castellanohablantes podemos ir a cualquier institución autonómica o municipal en Cataluña y solicitar un formulario? O no están disponibles o hay que pedirlos específicamente».
«Me parece una barbaridad tal y como está redactada», criticia Julián Ruiz-Bravo , secretario de «PLIS Educación, por favor».«El texto parte de una falsedad: dice que el España no cumple con la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. Y es el único país de Europa que cumple con dicha carta en su máximo nivel». Ruiz-Bravo añade que, además, «la PNL da a entender que España tiene muchas lenguas y, al final, las tiene como cualquier otro país. por ejemplo Francia o Italia. Con la diferencia de que en ninguno de estos se considera que el italiano o el francés no deban ser lenguas vehiculares»
A su juicio, que se pretenda que las lenguas autonómicas estén presentes en todas las administraciones del país provocaría un entorpecimiento de la administración: « Habría que contratar a traductores vascos y catalanes para trabajar en un pueblo de Sevilla o Extremadura y no los hay ». Recuerda que las escuelas también son «administración, pero se impide en algunas de ellas, mediante leyes, el uso del castellano». Por último, defiende que el castellano no es una lengua impuesta, «es la lengua de la mayor parte del Estado».
Para Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, la PNL «invierte la realidad: se dice que se cometen injusticias sobre las lenguas cooficiales que en realidad las sufre el castellano. Se acusa al Estado de algo que no está haciendo y que sí hacen las comunidades que quieren imponer un modelo monolingue como Cataluña, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana o Navarra».
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