Baleares creará una Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos para velar por las dos lenguas oficiales

Inicialmente, estaba previsto que dicho ente entrase en funcionamiento en el tramo final de la pasada legislatura, que también presidió Armengol. La idea originaria de crear una Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos partió de la Consejería de Cultura, que entonces dirigía la ecosoberanista Fanny Tur. En aquel momento, se quería que el futuro organismo sirviera de canal para «enmendar» los hechos que fueran objeto de denuncia y para ayudar a «restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al catalán como lengua oficial».

Por tanto, el propósito inicial de esa iniciativa era atender sobre todo casos de presunta discriminación lingüística que hubieran afectado a personas que se expresan en catalán. Así lo defendían MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, apoyos estables de Armengol en el pasado mandato y en el actual. De hecho, en los Presupuestos de la Comunidad de 2018 fue incluida una enmienda de MÉS per Menorca para dotar con 100.000 euros a la futura Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Dicha enmienda fue presentada en 2017 por el entonces diputado de MÉS per Menorca Nel Martí, a raíz de la supuesta discriminación lingüística que habrían sufrido aquel año tres personas, dos a bordo de un avión y una en el interior de un taxi, que se quejaron públicamente de que no se habrían podido expresar libremente en catalán.

En ese contexto, el decreto que ahora permitirá la creación de este nuevo organismo público señala, en su exposición de motivos, que «muy a menudo» los ciudadanos de Baleares «ven mermadas las posibilidades de emplear el catalán, tanto en el ámbito público como en el privado, y no tienen la oportunidad de escoger hacer cualquier actividad social en esta lengua». Estos «obstáculos disuasivos» son «múltiples» y están «vinculados» al proceso de «minorización lingüística que padece la lengua propia de las Islas Baleares». Por todo ello, para «crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos», se pone en marcha el nuevo ente. Otros instrumentos de similares características existen ya en Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.

El hecho de que el decreto finalmente aprobado este viernes haga una referencia explícita a las dos «lenguas oficiales» de la Comunidad confirmaría que el actual Ejecutivo de Armengol ha iniciado un leve giro en materia lingüística en favor de una mayor equidad entre el catalán y el castellano . Cabe recordar, en ese contexto, otra iniciativa reciente del Govern, el anteproyecto de la futura Ley de Educación, que prevé en su artículo 122 el uso del catalán y del castellano como «lenguas vehiculares» de la enseñanza, si bien dicho artículo apostilla a continuación que ello se hará «garantizando» que se use la lengua catalana «en el marco normativo actual de la normalización lingüística».

El citado anteproyecto fue presentado el pasado miércoles por el consejero de Educación, el socialista Martí March, que será quien también gestionará la futura Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos a través de la Dirección General de Política Lingüística. De momento, es ya dicha área la que atiende, con los recursos de que dispone, las reclamaciones, sugerencias y consultas que se reciben en el Gobierno balear de posibles discriminaciones idiomáticas.

La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos actuará en el ámbito de la Administración autonómica, pero también podrá intervenir en relación a las actuaciones de otras administraciones públicas con sede en Baleares o por las actuaciones de sujetos privados que vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas. En este caso, la función del nuevo ente será interceder entre la persona que presente la reclamación o la sugerencia y la parte que haya originado los hechos.

Algunas de las funciones del futuro organismo serán recoger y tramitar reclamaciones sobre vulneración de derechos lingüísticos, atender las consultas que se formulen en este ámbito, difundir información, colaborar con los órganos dependientes de la Administración de la Comunidad autónoma que hayan sido objeto de reclamaciones, proponer medidas normativas u ofrecer recursos y asesoramiento a entidades públicas y privadas. La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos podrá actuar de oficio o a solicitud de cualquier persona física o jurídica.