Armengol expedientará a todos los médicos que no atiendan en catalán

Todo comenzó el pasado 30 de agosto cuando el perfil independentista de Twitter @cocovermallorca denunció que una médico del centro de salud de Son Pisà, en Palma, se había negado «a entender» a su madre, de 79 años, en catalán. Al día siguiente miembros de Arran, entidad juvenil vinculada a la CUP, hicieron una pintada en la fachada del ambulatorio que rezaba «Basta de agresiones lingüísticas» . Asimismo, el catalanismo de Baleares se movilizó en las redes sociales «contra las agresiones lingüísticas» y a favor del «derecho a vivir en catalán». La conselleria de Salud, comandada por el PSOE, restó importancia a estas denuncias y encendió los ánimos en el seno del Gobierno, especialmente en los nacionalistas de Més.

La Oficina de Derechos Lingüísticos, creada a finales de 2020, filtró el número de denuncias recogidas, que certificaban que un 40% se referían a la sanidad, e incluso llegó a firmar un artículo de opinión publicado en Última Hora. Las hostilidades dentro del Govern han llegado a tal extremo que se tuvo que convocar una reunión de tipo sectorial para llegar a un acuerdo que suavizase las tensiones entre los socios de Gobierno, cada vez más pendientes de diferenciarse de cara a unas próximas elecciones.

En el encuentro participaron la consellera de Interior y mujer fuerte del PSOE, Mercedes Garrido; la ex candidata de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y actual directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior; el presidente de la formación catalanista en Baleares, Mateu Matas ‘Xurí’, el diputado de Més per Mallorca Joan Mas ‘Collet’, la portavoz de Unidas Podemos y vicepresidenta del Consell de Mallorca, Aurora Ribot, y el portavoz adjunta de la formación morada en el Parlament balear, Esperança Sans.

El principal acuerdo de la reunión es la apertura de expedientes informativos -y sancionadores si se considera oportuno- a cualquier sanitario que reciba una denuncia en la Oficina de Derechos Lingüísticos por no usar el catalán o no permitir hacerlo a los pacientes . Asimismo, se exigirá que todos los carteles en hospitales y centros de salud estén, como mínimo, en lengua catalana tal y como ya se prevé en la normativa vigente. Los grupos que comandan el Govern balear se comprometen a implementar esta medida a partir del 1 de octubre.

Asimismo, cada una de las nueve gerencias de los centros de salud deberá tener una persona responsable de que se cumpla la normativa en materia de lengua y se nombrará un directivo del IBSalut que asuma la interlocución con la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Finalmente, los partidos que forman el Ejecutivo balear se comprometen a hacer una vez al mes una reunión de seguimiento de estos acuerdos.

La crisis por el uso del catalán brota en un momento de emergencia sanitaria por la crisis del coronavirus , con las listas de espera disparadas y tras un verano muy complicado en la sanidad de las islas por la falta de profesionales. La situación era tan extrema que el Gobierno de Armengol amenazó con cancelar las vacaciones de verano del personal sanitario por la falta de sustitutos, ya que el Ejecutivo insular tiene serios problemas para completar las plantillas de médicos y enfermeros, que prefieren ir a otros destinos. La exigencia de aprender el catalán –se reclama el B1 a médicos y enfermeros- también ha provocado la marcha de facultativos de las Islas a otros puntos de España.

Los nacionalistas, que necesitan empezar a diferenciarse de cara a las elecciones previstas para 2023, se han agarrado a una de sus banderas, la lengua catalana, para activar a su electorado y tensar la cuerda con sus socios de Gobierno . Incluso la Obra Cultural Balear (OCB) ha amenazado con salir a la calle si los médicos y enfermeras no hablan catalán. La entidad separatista asegura que la lengua catalana «camina como los cangrejos» y ha fijado su objetivo en la sanidad pública, donde quiere aplicar un «plan de choque» para garantizar el derecho de los usuarios a «expresarse libremente en catalán, sin coacciones ni chantajes».

La hermana balear de la catalana Òmnium Cultural quiere que en todos los centros de salud se aplique, de manera inmediata, el principio 'de oferta activa' y que haya una invitación explícita a usar la lengua catalana si lo desea el usuario. También propone que «no haya ni una sola persona» de atención al público que no sea competente en catalán. «Se trata no sólo de cumplir la Ley, sino de la expresión más evidente del principio básico de buena asistencia médica», defiende la OCB, que en los últimos meses se ha dedicado a sacar a la luz varios casos de «agresiones lingüísticas» reprochando a los trabajadores sanitarios venidos del extranjero o de la península que no sean capaces de entender al paciente cuando le hablan en catalán.

La OCB exige a la socialista Francina Armengol que se comprometa públicamente con los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas Baleares y que haga un llamamiento público a toda la ciudadanía para que use la lengua catalana sin miedo a sufrir ningún tipo de discriminación. Si el Ejecutivo insular sigue ignorando esta situación, la OCB pondrá en marcha un conjunto de movilizaciones.

La cuestión lingüística ha generado un cisma entre los socios del gobierno tripartito. Una parte de las bases de los nacionalistas de Més, así como miembros de la ejecutiva, reclaman más beligerancia y contundencia contra el PSOE. El coordinador del partido, Antoni Noguera, habla de «actitud pasiva» de los socialistas y amenaza con llevar el tema al consejo de gobierno.

La secretaria autonómica de Universidad y Política Lingüística, la ex diputada de ERC Agustina Vilaret, ha reprochado al Servicio balear de Salud –gobernado por el PSOE- que minimice el impacto de las 58 quejas que ha recibido la Oficina de Derechos Lingüísticos desde que se abrió hace 10 meses. «Una sola discriminación de cualquier tipo es inaceptable. La intolerancia y la violencia no pueden tolerarse», denunció Vilaret, quien avala la inmersión lingüística en las aulas y todavía no ha salido a defender ninguna discriminación lingüística referente al castellano.

La Conselleria de Salud y Consumo mantiene el tipo y defiende que cada año se realizan más de 10 millones de interacciones entre profesional y paciente y que, por lo tanto, estas 58 quejas presentadas suponen un 0,00058% del total de interrelaciones. La Oficina de Derechos Lingüísticos se abrió en diciembre de 2020 con el objetivo de paliar el «dolor de no hablar en catalán», como anunció entonces el conseller de Educación, Martí March, a pesar de que, en principio, nacía para garantizar el derecho a usar el castellano en la administración pública.

«Menospreciar a un paciente porque en un momento de máxima vulnerabilidad, frente a la enfermedad, se expresa en su lengua, es un acto de mezquindad y de falta total de responsabilidad, intolerable en un servicio público», criticó la vicepresidenta del Consell de Mallorca, la independentista Bel Busquets.

Podemos se ha sumado a la queja de los econacionalistas y recordó al Govern que su «obligación de garantizar el uso del catalán en cualquier lugar de esta tierra». «Tengo el derecho a expresarme en cualquier lugar de mi tierra en mi lengua materna, el catalán», defendió la diputada Antonia Jover en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press. «Nadie me lo puede impedir o negar, lo dice el Estatuto de Autonomía», ha hecho hincapié.