Así aplican las comunidades autónomas las nuevas medidas contra el Covid-19

Aunque las medidas se aplican en prácticamente todo el territorio, en Madrid un juez ha anulado la orden aprobada al entender que «desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma». La Comunidad de Madrid va a recurrir esta decisión y confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avale la normativa. Así aplican las comunidades las nuevas restricciones frente al coronavirus:

Andalucía amplía a dos metros la distancia social mínima para fumar en vía pública; limita al 75% el aforo máximo en el interior de los locales de hostelería, y ha activado también en fase de pruebas la aplicación móvil de alerta de contagios 'RadarCOVID'.

Aragón es otra de las comunidades que han puesto en marcha la aplicación móvil de alerta de contagios 'RadarCOVID'. También reforzará los controles para impedir los llamados botellones, que serán sancionados de una forma más dura , y se intensificarán las pruebas en centro sanitarios para evitar contagios entre los más mayores.

Asturias llevará a cabo análisis automatizados de las aguas residuales de las principales áreas de población de la comunidad autónoma con el fin de poder detectar por barrios o zonas geográficas concretas la presencia del Covid-19 y poder lanzar alertas tempranas ante posibles nuevos brotes.

El Govern balear ha ampliado las restricciones acordadas con el Gobierno central a la prohibición de contacto en el deporte no profesional, así como la reducción del aforo de los templos del 75 al 50% y el veto a las fiestas diurnas en piscinas y de las llamadas «party boats».

Canarias, que ya había aplicado restricciones previamente al acuerdo entre el Gobierno y las CCAA algunas de las medidas del acuerdo, faculta a los alcaldes, en su condición de autoridad sanitaria, a adoptar las medidas adicionales y complementarias en sus respectivos ámbitos territoriales.

Cantabria trasladó exactamente el acuerdo del Consejo Interterritorial. La asociación que reúne a un centenar de empresas del ocio nocturno de Cantabria presentó un recurso contencioso administrativo pidiendo la suspensión cautelar, que rechazó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TJSC).

El gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este sábado el decreto, que entrará en vigor el domingo : incluye como novedades el cierre de los prostíbulos y locales de alterne y la prohibición de venta de alcohol entre las 22:00 y las 8:00 horas excepto en la hostelería y la restauración.

Castilla y León ha sido de las comunidades más rápidas a la hora de ejecutar las medidas, que reforzó unos días después de activar la orden a través de un plan aprobado el 21 de agosto y que entró en vigor este sábado: extendió el uso de mascarilla en piscinas, limitó el aforo en establecimientos al 50% , cerró las peñas y prohibió los eventos multitudinarios.

La resolución recuerda la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública para evitar los botellones y obliga a «garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio de barra» y la distancia entre mesas, donde en una misma no se podrán congregar más de 10 personas. Además, Quim Torra ha anunciado este lunes la prohibición de reuniones de más de diez personas, así como la realización de 500.000 pruebas PCR en los colegios.

Extremadura penaliza los incumplimientoa con sanciones de su Ley de salud pública, que establece sanciones de hasta 3.000 euros en sanciones leves; de 3.000 hasta 60.000 euros en las graves, y de 60.000 hasta 600.000 euros en las muy graves.

Además de las medidas comunes, Galicia desaconseja reuniones entre personas que no convivan para frenar la propagación de la pandemia, muy focalizada en el área de La Coruña. Ya había activado previamente la prohibición de fumar en la vía pública y espacios al aire libre, incluidas terrazas, si no se cumple con la distancia de seguridad.

El Gobierno de La Rioja fue el primero en implantar las medidas. Establece la figura del 'autorrastreo' entre la población, con el fin de que cada persona pueda llevar un control diario de sus contactos ante la posibilidad de ser requerida por las autoridades sanitarias por posibles casos de covid-19.

Madrid introdujo la prohibición de comer en trenes y autobuses y exigió una autorización previa para eventos de 600 personas o más, pero un juez anuló la orden ese mismo día al entender que «desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma». La Comunidad de Madrid recurrirá a la Justicia la paralización.

Murcia fue con La Rioja de las primeras comunidades en activar las medidas y recomendaciones que Sanidad y las comunidades consensuaron. Posteriormente, el día 18 publicó una orden para limitar al 50% el número de ocupantes en los vehículos públicos y privados tras detectar un aumento de contagios en el transporte a los lugares de trabajo. Este lunes ha anunciado que se limitan las reuniones sociales a 6 personas y las bodas, bautizos y comuniones a 30 invitados.

El viernes en que se cerró el acuerdo, Navarra ya activó en Tudela restricciones por la alta incidencia entre su población . Una parte de las medidas ya las tenia en marcha (blindaje de centros sociosanitarios, cribados y actuaciones específicas en brotes o recomendar limitar encuentros sociales y familiares) o estaban previstas.

El País Vasco es el territorio que más reforzó las medidas restrictivas : declaró la emergencia sanitaria el lunes pasado y desde el miércoles no permite los grupos de más de 10 personas en la vía pública y en establecimientos hosteleros y gastronómicos-recreativos, como txokos. Tampoco comer en el transporte público

Establece limitaciones a los usuarios de vehículos de transporte. Eventos y actividades cuya afluencia prevista supere las 400 personas quedan supeditados a autorización previa por parte de la administración. Se establece la obligación de realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos y reingresos en residencias y centros sociosanitarios con 72 horas de antelación como máximo. Las medidas tienen 21 días de vigencia y pueden ser revisadas y prorrogadas.