El anteproyecto de protección integral de la infancia olvida a los no nacidos

La figura del maltrato prenata l fue introducida por primera vez en una ley estatal en 2015 , durante el Gobierno de Rajoy. Desde entonces, las administraciones están obligadas a tomar las medidas adecuadas para seguir los casos de violencia fetal y considerarlos, de ser necesario, causa de desamparo del recién nacido. Esto permite a la administración proteger a ese niño una vez nacido, ya sea a través de una familia sustituta o su acogida en una residencia.

Pese a ello, los expertos creen que el nuevo anteproyecto de ley para la protección integral de la infancia –aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado– puede ser una buena oportunidad para revisar cómo ha funcionado la norma en estos cuatro años e introducir nuevas medidas que ayuden a mejorar los protocolos de prevención. Tal como está redactado el anteproyecto actualmente no contempla ninguna medida.

El pediatra Jordi García considera prioritario, por ejemplo, simplificar los protocolos no solo para poder detectar precozmente los factores de riesgo que permiten a los facultativos descubrir que están ante un caso de maltrato fetal, si no también para que todo el personal sanitario que atiende a mujeres gestantes sepa qué tiene hacer. «Esto nos permitiría informar cuanto antes a la gestante del posible efecto dañino sobre el feto, reconducir la situación o poner en marcha el circuito establecido para proteger al feto o recién nacido», indica.

Entre esos factores de riesgo que el médico debe ser capaz de reconocer en su consulta, el pediatra cita «la falta de control médico de la gestación, el consumo de drogas, alcohol o psicofármacos sin prescripción facultativa, la presencia de psicopatías o enfermedades no tratadas que puedan causar malformaciones o infecciones congénitas del feto, el maltrato físico de la madre, el ejercicio de la prostitución o la negligencia del cuidado del propio cuerpo», entre otras.

Para este pediatra, la falta de tiempo en las consultas dificulta la identificación de estos factores de riesgo. Además considera fundamental mejorar el trabajo en red para que no sea el médico el que tenga que afrontar la situación de forma solitaria.

En los casos de consumo de drogas, la detección del maltrato prenatal también se ve dificultada por la necesidad del consentimiento para la obtención de pruebas biológicas , advierte García. «En el protocolo actual del control gestacional no figuran exámenes complementarios destinados a la detección del consumo materno de drogas, tan solo se hace a través de un cuestionario por lo que es necesario un alto índice de sospecha para su diagnóstico», explica.

Otros especialistas están a favor de introducir en la legislación la figura del «desamparo prenatal», como una posible iniciativa para atajar «la negligencia por omisión del deber». El presidente del Instituto Madrileño de Pediatría y miembro de la Asociación de Pediatría Social, Jesús García Pérez, defiende que las mujeres gestantes puedan ser acogidas durante el embarazo en una residencia para proteger la salud tanto de la madre como la del no nacido. «Es una opción para poder atender y ayudar a la madre y garantizar que ese niño tenga una calidad de vida futura. Con lo que hay es insuficiente para proteger a los no nacidos. Hay que tomar nuevas medidas», asevera.