Caos en la gestión de la pandemia en las residencias: «Pedíamos mascarillas, pero nos decían que asustaban a los abuelos»

El suyo no es un caso aislado. Flor, recepcionista de otra residencia madrileña, relata que el director llegó a decirle a una auxiliar que llevar mascarilla «era de payasa» y cómo «el médico de la residencia explicaba que no eran necesarias porque iban a asustar a los abuelos». Son ejemplos de la nefasta gestión de la pandemia del coronavirus en algo tan básico como el uso de mascarillas.

En el documento recoge casos reales que ponen de manifiesto que en las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Se trata de al menos cinco derechos humanos de las personas que viven en residencias de mayores los que han sido vulnerados , ya que la gestión de la pandemia en las residencias también ha tenido impacto en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna .

El informe se centra en las residencias de Madrid y Cataluña , donde asegura que se han observado en mayor medida los efectos de este «desmantelamiento del sistema sanitario» durante la primera ola en las residencias. Faltó material de protección, pruebas PCR, una asistencia sanitaria adecuada, etc. Un sin fin de elementos necesarios durante una pandemia que hicieron de las residencias uno de los lugares más inseguros para los ancianos, personas especialmente vulnerables ante el coronavirus .

La falta de Equipos de Protección Individual (EPI) fue una de las primeras deficiencias que se notaron. Según Natalia, personal auxiliar de una residencia pública de gestión privada de Cataluña, les dieron mascarillas «de papel de fumar, a la mínima que se mojaban se rompían» . Una vez que llegaron los EPI, debían reutilizarlos varios días; «los rociábamos con lejía», y afirmó no haber recibido formación sobre cómo utilizarlos.

Según concluye el informe, uno de los principales motivos por los que el coronavirus tuvo tanto impacto en las residencias de ancianos fue la falta de protección del personal que trabaja en las mismas, algo que también derivó en un gran número de bajas de los trabajadores, que repercutió en el cuidado de los mayores.

La presidenta de la CEAPS afirma que «nos quedamos sin manos porque nuestros profesionales tenían sintomatología compatible con la Covid-19 pero no teníamos tests para diagnosticarlos ». Según el protocolo, cuando el personal de la residencia tenía sintomatología, se les daba de baja durante dos semanas.

Claudia, terapeuta ocupacional de una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña, explica que «hubo una desbandada de personal» a finales de marzo. Asimismo, Elvira, trabajadora de una de las residencias públicas más grande de Madrid, de 460 plazas, relata que a principios de abril llegó a salir en los medios para denunciar «la falta de personal, (hubo) más de cien bajas de personal en todas las categorías». Ante la proliferación de bajas, fue muy complicado contratar personal nuevo y, en muchos casos, los reemplazos no estaban cualificados para dar la atención adecuada a los residentes . Patricia, animadora sociocultural de una residencia pública catalana, relató que cuando hubo bajas en su residencia «cogieron a gente nueva, no cualificada», y «hacían batas, levantaban a gente, aseaban y llevaban al lavabo, trabajo de auxiliar y de limpieza».

Según consta en el informe, la falta de personal no solo mermó y empeoró los cuidados de los residentes, también supuso un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de los centros. Han sido «momentos muy duros, de mucha lucha», y que no ha recibido apoyo psicológico aunque «lo necesito, no duermo, veo imágenes, me sobresalto por la noche, soñaba con lo más drástico », relata Mónica.

La ONG también relata que la «mayoría» personas mayores que vivían en residencias no fueron derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones durante semanas , sin contacto con sus familiares, «violando su derecho a una muerte digna».

A Catalina, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña, el médico le dijo que «tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así ». Además, María José Carcelén, representante de la Coordinadora 5+1, asegura que «La "instrucción" era no derivar a nadie a hospitales».

Según explica Carcelén, «no se produjo ninguna derivación durante un periodo concreto. Los hechos demuestran que la aplicación fue en exclusiva por razón de la edad. Murió gente con más autonomía (funcional) en algunas residencias». De acuerdo con datos de la Generalitat, durante el periodo de abril y mayo se realizaron 1.845 ingresos hospitalarios de personas de residencias y dice no disponer de datos de marzo.

En relación con la atención en los momentos del final de la vida de personas mayores en residencias, también se produjeron «déficits que vulneraron el derecho humano a la salud». En el informe explican que «en los protocolos de tratamiento que contenían criterios para valorar la derivación, se contemplaban instrucciones específicas de medicación paliativa» y «como consecuencia se dieron instrucciones de cuidados paliativos-sedaciones que tampoco fueron individualizadas y que, en ocasiones, se proporcionaron sin informar y sin contar con el consentimiento de las familias».

Una doctora de residencia de Madrid relató el caso de una paciente que «estaba fatal, nos mandaron su bomba de paliativos, se la pusimos y al tercer o cuarto día revivió. Se despertó y dijo que quería un caldo de pollo, se recuperó. Cuando un paciente se ponía muy mal, si tenías la suerte que te cogieran el teléfono, te mandaban tratamientos paliativos».

En definitiva, el secretario de la Fundación Lares señala en el informe que, «hemos creado cárceles, alegando su seguridad personal» , y se ha producido «edadismo». En una conversación con ABC, Juan Vela, Presidente de Lares, explica que hay una discriminación hacia las personas mayores que llama mucho la atención. «Han sufrido una ausencia de derechos que hubiera sido impensable en cualquier otro colectivo. No hubiésemos permitido que se le hubiese hecho a esto a los niños», destaca.

El ejemplo de las mascarillas pone de manifiesto uno de los factores del «edadismo»: la infantilización . «Una sociedad que tutela para nada empodera a los mayores», lamenta Vela, quien argumenta que el objetivo de las residencias debe ser ofrecer una continuidad en el proyecto de vida hasta el final.

« De todo esto hemos aprendido un montón de cosas que han dado lugar a actuaciones de carácter preventivo», explica Marina del Corral, gerente de CEAPS. «Hemos establecido protocolos para las visitas y que haya así un equilibro entre la seguridad y el derecho que tienen las personas para estar con sus seres queridos. También se ha mejorado la colaboración sociosanitaria que en su día falló y se han establecido "stock" de EPI y se han previsto que bolsas de trabajo para cubrir bajas», destaca.

Además, la gerente ha querido agradecer en nombre de CEAPS y de todo el sector el trabajo que han prestado todos los trabajadores de las residencias: «Son los grandes olvidados».