31.000 personas en España no tienen un techo: «No es normal»

Las dificultades de acceso a la vivienda, el mercado laboral actual, el desigual acceso al sistema de salud y la ruptura de relaciones de ayuda que promueve el mundo de nuestros días. Estos factores tienen más responsabilidad en que existan personas viviendo de manera estable en las calles que cualquier conducta individual equivocada.

La vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional y, por tanto, su garantía es responsabilidad del Estado. En los últimos años como director de RAIS -la ONG en la que trabajo- he mantenido contactos tanto con el Gobierno de España como con los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados y el Senado con el objetivo de que el sinhogarismo pase a formar parte de la agenda política. España no puede mirar hacia otro lado ante un problema que no hace sino incrementarse en toda Europa. El único país europeo donde desciende el sinhogarismo es Finlandia que ha apostado por una metodología que promueve un profundo cambio en la manera de trabajar con este problema social: Housing First.

Housing First tiene resultados exitosos en la erradicación del sinhogarismo más complejo. Con este método las personas sin hogar que viven en la calle de modo estable acceden a una vivienda normalizada donde reciben apoyo intensivo por parte de un equipo de profesionales. Es urgente hacer una apuesta por el desarrollo de esta metodología en nuestro país pero, ¿quién debe hacerla? Más allá de las acciones necesarias que se derivan de las responsabilidades y competencias autonómicas y locales, considero que le corresponde al Gobierno de España liderar e impulsar la erradicación del sinhogarismo y sumarse al movimiento de países europeos comprometidos con que nadie viva en la calle. Este necesario compromiso requiere, no solo de presupuestos públicos, sino también del liderazgo necesario para movilizar los actores políticos necesarios.

El desarrollo de las políticas públicas necesarias para la erradicación del sinhogarismo debería tener como objetivo la trasformación del sistema actual de atención a las personas sin hogar: es necesario dejar de abordar el problema de las personas que llevan años viviendo en la calle como si fueran situaciones de emergencia. No lo son. Es como si quisiéramos curar una gripe con un desfibrilador. No lo conseguiremos, la experiencia del paciente será terrible y, además, no tendremos disponible el desfibrilador para un posible infarto. Actualmente, así se aborda la gestión del sinhogarismo: ofrecemos soluciones de emergencia, con plazas de alojamiento temporales en establecimientos colectivos (por ejemplo, albergues) que no son eficaces y que les suponen una mala experiencia.

El fenómeno del sinhogarismo es, fundamentalmente, un problema de acceso a la vivienda. Las personas afectadas acumulan problemas de acceso al sistema sanitario y a los servicios de empleo. Resulta sorprendente que la tarea de luchar contra el sinhogarismo recaiga únicamente sobre servicios sociales, continuamente desbordados. No es extraño que una ambulancia traslade a una persona sin hogar con un problema de salud a un albergue en vez de a un hospital. ¿Imaginan que el paciente de un hospital reclamara al personal sanitario que le ayude con su situación de desempleo o que gestionara la situación de un reciente desahucio?

El Gobierno de España ha presentado un borrador de presupuestos en el que no está reflejado el problema del sinhogarismo. Esto es inasumible. RAIS está impulsando una enmienda a los PGE 2018 solicitando una dotación de, al menos, cinco millones de euros. Se necesitan al menos cuatro millones de euros para ofrecer una respuesta inmediata a las 31.000 personas que viven en las calles apostando, tal y como están haciendo los países de nuestro entorno, por la metodología Housing First . Por otro lado, consideramos indispensable que en 2018 el Gobierno de España invierta al menos un millón de euros en la prevención del sinhogarismo desarrollando programas de detección del riesgo de sinhogarismo en servicios sociales. La crisis de la vivienda que recorre España tiene muchas y diferentes víctimas, pero quiero visibilizar aquí a las personas que mueren viviendo en la calle: en España, una persona cada seis días. Estamos obligados a ofrecer una respuesta urgente, eficaz y efectiva. No es normal vivir en una sociedad donde se vulneran los derechos a la vivienda, salud y seguridad de una parte de su ciudadanía. No es normal que las instituciones no respondan a esta situación de una manera adecuada. No es normal continuar invisibilizando una realidad con la que convivimos en las aceras. No es normal resignarse a una sociedad donde haya ciudadanos y ciudadanas que viven en la calle. Hogar, sí.

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*RAIS es una organización sin ánimo de lucro que existe para que nadie viva en la calle.