Kim Davis, funcionaria de Kentucky, cuando rechazó el matrimonio gay
Kim Davis, funcionaria de Kentucky, cuando rechazó el matrimonio gay - reuters

Una funcionaria de Kentucky desafía al Supremo y niega las bodas gays

La funcionaria ha rechazado casar a parejas homosexuales en varias ocasiones porque antes que la ley está «la autoridad de Dios»

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La histórica resolución del Tribunal Supremo nortamericano a favor de los matrimonios entre homosexualesestá topando con algunos empleados de condado que de manera individual se resisten a cumplirla, por motivos religiosos. Es el caso de Kim Davis, funcionaria del Condado de Rowan, en el estado de Kentucky, quien se ha negado licencias de matrimonio a las parejas desde el día que resolvió el alto tribunal estadounidense, incluida la desobediencia a una orden posterior de un juez federal.

Para Davis, primero está «la autoridad de Dios» que la de la ley y las sentencias del máximo tribunal estadounidense. Con ese argumento, la funcionaria denegó la semana pasada la licencia a David Moore y David Ermold, y no era la primera vez. El empleado del Condado ya se ha enfrentado en anteriores ocasiones a varias parejas que habían acudido a pedir el permiso matrimonial y también a activistas que asisten ahora periódicamente a respaldar «el derecho que les asiste» a casarse, de acuerdo con el reciente y definitivo fallo del Supremo.

En esta última ocasión, ante las reiteradas negativas, desafiaron a Kim Davis asegurando que no se irían de sus oficinas hasta que obtuvieran la licencia, a lo que el funcionario se limitó a decir: «Vais a tener un largo día». Cuando el resto de personas que respaldaba a la pareja, muchos de ellos activistas de la causa de los derechos de homosexuales, le incitaron a que hiciera su trabajo, Davis les replicó: «Rezad al señor».

El enfrentamiento entre las parejas que reclaman una licencia de matrimonio y la empleada del Condado se ha extendido a una pugna entre las asociaciones partidarias y detractoras. Frente a la Unión por las Libertades Civiles de América, que exige el cumplimiento de la sentencia del Supremo, emerge el Consejo por la Libertad, cuyos abogados respaldan a Kim Davis y su derecho a ejercer «la libertad de conciencia».