Trasladan a un centro de salud a la vecina majorera condenada por construir en espacio protegido

Josefa Hernández tenía previsto tomar a las 14.00 horas en Corralejo un barco de línea hacia Playa Blancha (Lanzarote), para luego dirigirse en coche hacia la prisión de Tahíche , acompañada por varias de las personas que se han solidarizado con su causa, entre ellas el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña.

Sin embargo, se ha desmayado antes de poder subir el barco, según han informado a Efe sus acompañantes.

Hernández, de 63 años, enferma de diabetes, inició en una huelga de hambre el pasado miércoles ante la Delegación del Gobierno en Fuerteventura, para protestar por su situación.

Esta vecina de Betancuria, que cuida de dos hijos (uno discapacitado) y de tres nietos menores de edad, asegura que ella ya ha pagado la multa que le impuso la sentencia por el que se le declaró autora de un delito contra el medio ambiente (700 euros), pero no ha derribado su casa porque no tiene otro sitio donde vivir.

La mujer construyó su vivienda en unos terrenos que heredó de su familia y que son parte del Parque Rural de Betancuria.

Hace unos años, la rehabilitó con la ayuda del Cabildo de Fuerteventura , porque los servicios sociales le habían advertido de que podía perder la custodia de sus nietos si la vivienda no estaba en condiciones de seguridad y salubridad.

Sin embargo, tras esas obras, fue denunciada y el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario la condenó a seis meses de cárcel por construir en un espacio protegido , a pagar 700 euros de multa y a derruir su vivienda. Como no ha cumplido esto último, se ha ordenado su ingreso en prisión.

Su caso ha despertado una gran ola de solidaridad en Fuerteventura y Hernández ha encontrado apoyo de representantes de partidos de todo signo, desde el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales (CC), hasta el alcalde de su pueblo, el independiente Marcelino Cerdeña, pasando por consejeros y cargos públicos de Podemos, PSOE, Partido Popular y Nueva Canarias. Más de 10.ooo ciudadanos han solicitado su indulto en la plataforma Charge.org.