Sanidad y las comunidades aprueban la vacuna de la varicela para los bebés

Con esta medida se cumple la recomendación de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que pedía «administrar esta vacuna en edad pediátrica precoz», indicó el ministro Alfonso Alonso, quien añadió que su coste –de unos 6 millones de euros para el próximo año– es «asumible para el SNS».

La modificación, sin embargo, está cuestionada por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), al no estar avalada «por ningún informe científico adicional a los disponibles cuando en 2011» el Ministerio de Sanidad –dirigido entonces por Ana Mato– «tomó la decisión» de retirar las vacunas de las farmacias. Hasta entonces algunos padres siguiendo la recomendación de sus pediatras compraban la vacuna para ponérsela a sus hijos al año de vida en lugar de esperar a los 12. Esto provocó que el porcentaje de vacunados en edad temprana no fuera lo suficientemente alto como para garantizar la inmunidad de toda la población y obligó a la Comisión de Salud Pública a sugerir a la entonces ministra que tomara la decisión de «vacunar a toda la población al año de vida o dejar de vender la vacuna en farmacias».

Ahora el Ministerio de Alfonso Alonso ha optado por la opción contraria, al considerar que vacunar a toda la población entre los 12 y los 15 meses «mejora mucho la protección general» contra la enfermedad y «evita que los niños tengan que pasar por el virus». La modificación del calendario además «garantiza la equidad», ya que después de 2011 solo tenían acceso a la vacuna aquellas familias que podían comprarla en el extranjero.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, explicó, por su parte, que el ministerio ha planteado a las comunidades que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder a la atención primaria a través de un documento y no una tarjeta sanitaria. Para adquirirlo deberán estar empadronados con una antigüedad mínima de un año. La propuesta, que evita «volver al turismo sanitario», fue planteada a las autonomías el pasado 14 de julio cuando aún no habían tomado posesión todos los consejeros.

El documento permitiría a los extranjeros en situación irregular tener la asistencia sanitaria primaria y quedaría a criterio del facultativo derivarles a un especialista, explicó Moreno, quien precisó que deberían pagar el 40% de los medicamentos en las farmacias.