Las indemnizaciones para los accidentes de tráfico más graves se duplicarán

Las asociaciones de víctimas llevaban meses esperando que el Ministerio de Justicia cumpliese su palabra y llevase al Consejo la actualización de unas indemnizaciones fijadas en 1995, cuando murieron en la carretera 4.119 personas frente a las 1.131 de 2014. Gracias a esta reducción de la mortalidad, las aseguradoras podrán asumir los incrementos de las compensaciones económicas -un 50% más de media en el caso de las muertes y un 35% en el de las lesiones- que contempla la nueva norma.

Tras el Consejo de Ministros, fue el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, el que explicó que la nueva ley contribuirá a «racionalizar» y «objetivizar» el cálculo de las cuantías. «Cuando estudiábamos el ámbito europeo, veíamos que el baremo español se había quedado bastante por debajo de lo que es habitual en los países de nuestro entorno», reconoció Catalá. Además, según el ministro, la nueva ley permitirá «desjudicializar» la concesión de indemnizaciones y generará «estabilidad» entre las compañías de seguros.

José Pérez Tirado , representante de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y miembro de la comisión de expertos que en 2010 comenzó a trabajar en la actualización del baremo, explica a ABC que «las compañías lo han aceptado y lo van a pagar en su totalidad porque son plenamente conscientes de que si en España ahora mismo tenemos una siniestralidad europea, por lógica debemos percibir unas indemnizaciones europeas. Es lo justo por el esfuerzo que ha hecho la sociedad española», asegura.

Aunque desde alguna asociación se ha criticado que las mejoras para los casos más graves se han conseguido a costa de rebajar las indemnizaciones de los más leves, la práctica totalidad de los colectivos de víctimas de tráfico han calificado de «muy positivo» el proyecto de ley.

En una nota de prensa conjunta con la plataforma representativa de la discapacidad y las entidades aseguradoras, las víctimas de tráfico han reconocido estar satisfechas con el texto remitido al Congreso porque «aumenta significativamente las cuantías para los grandes lesionados y los familiares de los fallecidos». También «contempla la introducción de nuevos conceptos indemnizatorios como el lucro cesante y el gasto médico futuro de las víctimas», señalan en la nota.

Y es que a día de hoy, no se contempla el valor del trabajo no remunerado como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura. En el caso de los gastos sanitarios, las aseguradoras solo asumen los de los dos primeros años, corriendo el resto a cargo de la sanidad pública, que no siempre puede reponer, por ejemplo, las prótesis cada cinco años, ni pagar las mejores.

En cualquier caso, Pérez Tirado no tiene problema en reconocer a ABC que «efectivamente, se han tenido que definir unas prioridades». Y esas han sido «los grandes lesionados, los menores y las familias, que pueden ver aumentadas las cuantías hasta en un 200%. Las leves no se han mejorado, pero se mantienen. Esta ley se ha consensuado con las aseguradoras tras cuatro años de negociación y todos hemos cedido. ¡Claro que se pueden mejorar cosas! Y precisamente para eso hay una disposición adicional que recoge la formación de una comisión de seguimiento para ir revisando el sistema de valoración», concluye Pérez Tirado.

El paso dado con este proyecto de ley es muy importante, pero los plazos parlamentarios van muy ajustados. De hecho, para evitar el riesgo de que se convoquen las elecciones generales antes de su aprobación, lo que obligaría al nuevo Gobierno a volver a empezar todo el trámite, es imprescindible que se tramite por la vía de urgencia. Desde las asociaciones aseguran que han hablado con los grupos parlamentarios y se les ha prometido que así se hará. En diciembre ya aprobaron una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que agilizase esta reforma y no sería lógico enredarse ahora en una batalla de enmiendas que retrasase su aprobación. Pero en año electoral...