Las víctimas de accidentes de tráfico urgen las subidas de las indemnizaciones

En el grupo multidisciplinar formado en 2010 bajo la presidencia del catedrático de Derecho Civil Miquel Martí Casal han estado trabajando las asociaciones de víctimas de tráfico, la magistratura, la Fiscalía de seguridad vial, el presidente de la Asociación de Abogados Españoles y las principales aseguradoras. El objetivo de la comisión lo resume en una frase la presidenta de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, Mar Cogollos: «Ahora que hemos conseguido una siniestralidad de nivel europeo, debemos tener derechos e indemnizaciones también de nivel europeo», reclama.

Después de cuatro años de negociación, en la que todas las partes cedieron, se logró lo que el abogado representante de las asociaciones de víctimas de tráfico y miembro de la comisión, José Pérez Tirado, define como «la ley perfecta». Perfecta porque llega a manos del Gobierno con 115 artículos milimétricamente redactados y consensuados. Perfecta porque no supondría un coste extra a las arcas públicas, puesto que las aseguradoras lo asumen. Perfecta porque incluso todos los grupos parlamentarios –a través de una Proposición no de Ley– han instado al Gobierno a impulsar la reforma de un sistema de valoración de daños y perjuicios que se redactó en 1995, y ahí se quedó. «Perfecta», sí, pero atrapada en los pasillos de los Ministerios de Economía y Justicia.

«Me conozco de memoria todos los viernes de este 2015. No me he perdido un solo Consejo de Ministros desde el arranque del año, y en todos me he llevado la misma decepción al ver que no se presentaba el proyecto de ley. Si queremos que entre en vigor en enero de 2016, debe aprobarse en el siguiente Consejo. De lo contrario, no daría tiempo a que se cumpliese el trámite parlamentario», asegura Pérez Tirado.

Las razones por las que una proposición acordada por todos y sin repercusión en las arcas públicas no llega al Consejo de Ministros, es un misterio para todos. «No lo sabemos, ni lo entendemos. Las aseguradoras la han aceptado porque reconocen que pueden asumir esos costes al haber pasado de ser los campeones de la siniestralidad a tener, con 28 millones de vehículos, los mismos fallecidos que en 1962, con un millón. Pero ahí sigue, perdida», dice Pérez Tirado.

Cuando se fijó el baremo en 1995 se asumió que era imposible pagar como en otros países. Pero ahora, cuando en España superamos en seguridad vial a muchos de nuestros vecinos, esta desigualdad es difícilmente justificable. En la nueva ley se abordan situaciones que son asombrosas y solo conocen los que han tenido la desgracia de enfrentarse a ellas. Pero cualquiera de nosotros podría, hoy mismo, verse en esa tesitura. «Mejoramos todas las indemnizaciones a familiares, los derechos de los grandes lesionados y la protección a los menores de 14 años. Aunque parezca de ficción, con la actual ley, si un niño de tres años cruza detrás de una pelota y es atropellado por un coche, se le declara culpable, y no hay indemnización. En la nueva ley, los menores de 14 años siempre tendrían que ser indemnizados, como ocurre en el resto de Europa», detalla Pérez Tirado.

Además de esta mejora, hay muchas más; otras 114, entre las que figuran puntos tan importantes como que las familias de fallecidos tengan un tratamiento psicológico de 6 meses; que a un accidentado intervenido quirúrgicamente se le paguen entre 400 y 600 euros; que a una persona que trabaje atendiendo a su casa se le compense económicamente mientras esté de baja con el equivalente a un salario mínimo interprofesional o con un salario y medio según el número de miembros de la familia. O incluso que si el accidentado es un menor que queda inhabilitado para trabajar de por vida, cuando llegue a los 30 años de edad, perciba un salario y medio hasta la edad de jubilación.

La ley vigente está obsoleta hasta en temas sociales. «En el año 95 no se reconocieron a las familias monoparentales, ni se pensó en las nuevas familias que aportan hijos de otros matrimonios. En la nueva ley se les trataría a todos como si fuesen hermanos y al padre de sustitución como al biológico. También se tendría en cuenta el caso de la muerte del hijo único. Las aseguradoras incluso se harían cargo de los gastos futuros de sanidad, como son la revisión de prótesis, nuevas pruebas, rehabilitación... . Con esta Reforma no alcanzaremos la “primera velocidad”, pero al menos, tendremos mejores derechos», concluye Pérez Tirado.

Todo cambiaría a partir de enero de 2016, si es que la nueva ley logra encontrar el camino hacia el Consejo de Ministros. Algo que, según aseguró el pasado día 17 el ministro de Justicia, Rafael Catalá, «sucederá en los próximos días». Este viernes no ha pasado. Quizá el próximo.

A Jordi M, la desgracia le reventó la vida dos veces. La primera, cuando tenía 14 años y a su padre lo mató un conductor borracho. La segunda, fue en 2008, cuando otro conductor igualmente bebido lo arrolló con su coche mientras iba en moto. «Me dejó con una discapacidad del 65% y en el ayuntamiento, en lugar de buscarme un nuevo puesto, adaptado a mi situación, me despidieron. La compañía de seguros me envió un cheque a casa

con una cantidad que no correspondía con lo que se había acordado. Así que, por consejo de mi abogado, decidí depositarlo en un juzgado para que no implicase la aceptación de la letra pequeña del cheque. La pensión de discapacidad que me ha quedado es del 55%, y todo el dinero se va a los gastos sanitarios que me ha provocado el accidente porque la compañía solo se hizo cargo de los 3.000 primeros euros y la sanidad pública tampoco los cubre. Sobrevivir es una ruina. Es muy duro decirlo así. Pero en este país si mueres, al menos dejas de ser una carga y a tu familia le queda el dinero. Si vives, te quedas con una pensión que apenas da para pagar tus gastos sanitarios y te conviertes en una carga para tu familia. Es vergonzoso».

Con 56 años, Susana C. llegó como cada mañana a su consulta de otorrinolaringología en Castelldefels a las 9:30. Aparcó y salió del coche; se dio cuenta de que se había dejado el bolso en el asiento trasero y cuando intentaba alcanzarlo, con medio cuerpo dentro del vehículo, su vida se esfumó. Al menos tal y como había sido hasta ese momento. «Sentí un estallido tremendo, y un dolor insoportable. Estaba en el suelo con la pierna abierta desde la cadera al tobillo y aullaba como un animal herido. No podía

aguantarlo», relata Susana. Un camión, le contaron, con un conductor que superaba seis veces la tasa de alcoholemia, la había golpeado al pasar a su lado. Los médicos no pudieron hacer nada por su pierna y se la amputaron. Pero eso fue solo el principio de un largo calvario. «Estuve cinco años en estado de shock. Lo que sufres en tu interior es tan fuerte, que todo lo exterior no existe, es como si vivieses envuelto en una nebulosa. Caí en una depresión tremenda. Me dieron la invalidez total y tuve que abandonar mi profesión, mi vida. El mundo se me vino encima».

Susana tuvo que esperar a 2012 para que se celebrase el juicio, y hasta que se ejecutó la sentencia en 2013, se vio obligada a asumir todos los gastos con sus ahorros. «La prótesis que me daba la Seguridad Social no me permitía caminar, así que tuve que pagarme yo una pierna inteligente. Y las piezas que deben reemplazarse cada año, ellos solo lo hacen cada dos. Tuve que hacer frente a abogados, psicólogos, psiquiatras, ortopedas y protésicos. Invertí todos los ahorros de mi vida en salir adelante y yo, por ser autónoma, no tengo un plan de pensiones como el resto de los trabajadores. Es todo increíble. Te levantas un día para ir a trabajar, y…».