La Fiscalía investiga las imágenes del supuesto maltrato a menores atados en Almería

Así lo ha indicado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, desde donde han precisado que este miércoles se desplazaron hasta el centro en cuestión para comprobar el estado de las instalaciones, el uso de las estancias, la homologación de los sistemas de sujeción y la aplicación de los protocolos, entre otras cuestiones, de forma que durante la inspección, motivada tras esta denuncia pública, «no se detectaron anomalías».

No obstante, el Ministerio Público mantiene abiertas, por el momento, unas diligencias ante la presunta comisión de un delito contra el honor y la intimidad así como contra la protección de datos a raíz de la difusión de las imágenes; un asunto que también va a investigar el Juzgado de Instrucción Único de Purchena tras la denuncia presentada por el director del centro, Manuel Madrid, la pasada semana a fin de identificar a los autores.

Asimismo, la Fiscalía prevé indagar en si los hechos que se aprecian en el vídeo son ciertos y, en caso de ser así, si se llevaron a cabo conforme a derecho, por lo que se han solicitado las autorizaciones emitidas entre 2011 y 2014 para proceder a la sujeción mecánica de menores.

En esta línea, se ha evaluado el vídeo que motivó la presente investigación, lo que ha permitido determinar que las imágenes se encuentran «manipuladas» al mezclar dos episodios, uno en 2011 y otro en 2014, que además se reproducen en bucle, con lo que la grabación ha sido editada con respecto al original.

Así, el Ministerio Público ha recordado que el Real Decreto 1774/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores contempla el uso de estas medidas ante situaciones «excepcionales» destinadas a prevenir posibles daños hacia los internos y su entorno en periodos concretos.

Cabe recordar que el pasado 6 de febrero la dirección del centro de menores «Tierras de Oria» interpuso una denuncia en el juzgado ante la difusión de un vídeo con el que la asociación « Centrosdemenores.es » acusaba a los profesionales de supuestos maltratos y que, según el presidente de la misma, Alfonso Galiana, habrían sido grabados «por empleados». Así, el director emprendió acciones legales tanto contra el presidente de esta plataforma como contra dos extrabajadores del centro que fueron despedidos recientemente.

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia e Interior, abrió un expediente informativo para determinar si se aplicó la Ley del Menor en los casos expuestos mientras que el Defensor del Menor en Andalucía inició una queja de oficio dirigida a la Consejería de Justicia e Interior para «supervisar» las actuaciones desarrolladas.