Las universidades pagan 420 millones por casi 4.000 prejubilaciones ilegales

El documento, aprobado el pasado 29 de enero y dado a conocer este lunes, explica que algunas universidades, «en uso de su autonomía financiera», aprobaron este tipo de planes para los cuerpos docentes, que incluye a funcionarios y laborales. Al personal que cumpliera los requisitos, se ofreció percibir, a través de los fondos de acción social, un incentivo que consiste en «la diferencia entre la cuantía actualizada de la suma de las retribuciones brutas anuales en los términos que se acuerdan, y el importe bruto de la pensión de jubilación del participante en el ejercicio». Es decir, que los beneficiarios percibirían una cantidad para mantener hasta los 70 años el mismo nivel de ingresos que tendrían si siguieran en activo.

En algunos casos, explica el informe, «se ha buscado el subterfugio del denominado “emeritaje”», es decir, para acogerse al plan se requería previamente ser nombrado profesor emérito. Incluso en una universidad –la de Extremadura– «esta posibilidad se ha realizado con el concurso de la comunidad autónoma» por medio de un convenio. El Tribunal recuerda que ya en informes anteriores advirtió de que con esta argucia «de alguna manera se ha adulterado el significado de la figura del profesor emérito y, en realidad, se ha procedido a la creación de una nueva» sin «cobertura legal».

Tras el repaso a la normativa, el Tribunal concluye que, «dada la falta de una norma legal que habilite a las universidades públicas para disponer en esta materia de jubilación voluntaria anticipada distinta al marco general establecido» y que la jubilación es una de las causas de pérdida de la condición de funcionario, «carece de amparo legal el abono de estos incentivos cuando se ha extinguido la relación de servicios con la Universidad».

En la actualidad, la edad de jubilación forzosa para los cuerpos docentes universitarios está fijada en los 70 años, aunque pueden jubilarse voluntariamente a los 60 si tienen reconocidos 30 años de servicios efectivos. También pueden acceder a la jubilación a los 65 años si acreditan 15 de servicios. Y, como recuerda el Tribunal, sólo por ley se pueden establecer «derechos pasivos distintos» de los ya previstos legalmente.

Una modificación de la Ley Orgánica de Universidades señalaba que se promoverían acuerdos para la reducción paulatina de actividad a partir de los 60 años, pero, según recuerda el Tribunal de Cuentas, esa declaración no se ha llegado a «plasmar en ningún texto legal habilitador de posibles acuerdos en este sentido, dada la reserva legal que impera en esta materia».

Además, el decreto ley de 2012 que introdujo ajustes para capear la crisis, disponía que las pensiones indemnizatorias, compensatorias o cualquier otra percepción económica al cese serían incompatibles con la pensión de jubilación o retiro.

Para el órgano fiscalizador, es «especialmente significativa» la restricción vigente en Cataluña. Allí, la ley de presupuestos para 2012 señalaba expresamente que ese año no se realizarían «aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación».

El informe especifica que los pagos de los planes de prejubilaciones ascendieron entre 2008 y 2012 a 182.965.220 euros. Si en ese periodo se acogieron 3.828 empleados, la media percibida fue de 47.796,6 euros. Según estimaciones actuariales, la proyección de gastos a reconocer en el futuro –incluso más allá de 2019– es de 237.725.160 euros.

ABC trató ayer de recabar la versión sobre el informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades, pero no obtuvo respuesta.