Las universidades crean entes inútiles para huir de los controles a su gestión

El órgano fiscalizador refleja, incluso, la «creación de entidades instrumentales» que «no siempre ha respondido a nuevas necesidades que deban atenderse o a la racionalización de la gestión, sino que responden, en ocasiones, a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión». Buscan, asegura, «un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos».

En este sentido, en 2012 había al menos 574 entidades dependientes de las universidades públicas o con vinculación con ellas, en su mayoría fundaciones. Según el Tribunal, «no resulta posible conocer con exactitud el importe de los fondos manejados» por las entidades mayoritariamente dependientes, cuyos gastos ascendían en 2012 al menos a 529 millones de euros, ya que «no todas rinden sus cuentas adecuadamente».

Las universidades tampoco tienen, apunta el informe, «un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes». Asimismo, se han observado casos en los que la creación de estas sociedades y la consiguiente contratación de personal supone «un modo de eludir las limitaciones» para la contratación de nuevo personal impuestas por los presupuestos autonómicos.

Igualmente, añade, se han creado sociedades mercantiles como «técnica dirigida a evitar la sujeción a la legislación de contratos de las encomiendas hechas por las universidades a sus entes instrumentales». Estos entes «quedan exentos en la mayoría de los supuestos de cualquier control» ejercido por las universidades públicas. Además, «en muchas ocasiones» se excluye al Consejo Social -el órgano que representa a la sociedad en las universidades- de su participación en la aprobación de sus presupuestos y cuentas, señala.

El informe también considera que el plan de racionalización de las estructuras del sector público en las comunidades ha tenido «una repercusión muy limitada» en las universidades públicas, de modo que sólo se han eliminado 16 entidades en el periodo 2010-2013.

Las conclusiones del documento consideran «un claro avance» respecto al informe de 2003 el hecho de que 39 de las 47 universidades públicas analizadas contaran con unidades operativas de control interno, si bien advierte, a renglón seguido, que los recursos humanos que se destinan a ellos son «insuficientes» y su cualificación «no siempre resulta la adecuada». Y añade: «La potestad organizativa de las universidades públicas, reflejo de su autonomía universitaria, no ha desarrollado normativamente un control interno que satisfaga plenamente las características que del mismo se reputan para la administración pública regional».

El Tribunal analiza también los presupuestos y asegura que, mientras que los créditos iniciales totales de 2012 se situaban en 8.957 millones de euros, hubo modificaciones presupuestarias por valor de casi 2.828 millones, cerca de un 30%. Del total de gastos, los de personal absorben seis de cada diez euros, el 61%.

En cuanto a los ingresos, «se constata el importante peso específico de la financiación pública, frente a la aportación procedente del cobro de los precios públicos» (las tasas). Además, denuncia que «la necesaria publicidad» de las cuentas en el diario o boletín oficial de la Comunidad se sustituye en «muchos casos» por la publicación en la web o el boletín universitario, «lo que se considera contrario a la normativa aplicable». Además, se limita a «un mero resumen de los estados de ingresos y gastos», lo que no cumple la Ley Orgánica de Universidades.