Los rectores aún no aplican el control de las cuentas de las universidades pactado hace tres años

En 2011, al final de la última legislatura socialista, se acordó poner en marcha un modelo común de contabilidad analítica que vendría a paliar esa falta de control, euro a euro y departamento a departamento. El modelo CANOA (Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones Administrativas), por el que se apostó, establecía pautas para reflejar desde el coste de personal hasta el teléfono y las fotocopias.

La decisión se ratificó de forma unánime por los rectores en el Consejo de Universidades, así como por una amplia mayoría de las comunidades y por los consejos sociales de las universidades. Se fijó un plazo de 18 meses para la entrada en vigor del sistema, con lo que debería haber estado listo en el curso 2012-13. Sin embargo, a menos de un mes de entrar en 2015, el grado de implantación es desigual y el sistema común aún no es una realidad.

El catedrático Màrius Rubiralta, secretario general de Educación hasta enero de 2012, fue el principal impulsor de aquella iniciativa, de la que se siente particularmente orgulloso. La idea surgió a raíz de que el Ministerio de Economía advirtiera que, para evaluar la financiación de las universidades y plantearse si era eficiente, «no había un sistema unitario y los números no eran comparables», recuerda para ABC.

«Hay que rendir cuentas y dar elementos suficientes para que se pueda demostrar que la universidad es eficiente», asegura convencido. La complejidad de la universidad radica en que es un organismo «multifuncional» y «no es fácil atribuir un gasto a una actividad concreta», apunta. Por ejemplo, se pregunta, cuando se prende la luz, «¿dónde se contabiliza la luz, en la labor docente o a la investigadora ? ¿se financia de fondos públicos o privados? En una empresa no hay problema, porque lo incorpora a la factura final».

De hecho, con la contabilidad analítica se trataba de «demostrar que el sistema de ciencia no estaba bien financiado, ya que los costes indirectos no estaban bien contabilizados». Con todo, Rubiralta asegura que el control «ha mejorado muchísimo» y «los gerentes han hecho un cambio en los últimos seis o siete años», por lo que niega que haya «falta de transparencia» en el sistema universitario. «Una cosa es el control y otra el funcionamiento homogéneo de las universidades», matiza.

El secretario ejecutivo de la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores (CRUE) y gerente de la Universidad de Valencia, Joan Oltra, explica que «el proceso de implantación tiene varias fases, que están siendo supervisadas por el Ministerio de Educación y la Intervención General del Estado (IGAE)» y que «actualmente la mayoría de las universidades se encuentran en la fase de evaluación e implantación». En este sentido, «algunas ya han implantado y explotado la información y todas han iniciado el proceso», subraya.

Oltra defiende el compromiso de las universidades con la transparencia e indica que la existencia de contratos programa o de sistemas de financiación basada en resultados docentes y de investigación es «una práctica generalizada». En la actualidad, señala, las cuentas anuales son aprobadas por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social y se remiten a las comunidades con un informe previo de auditoría externa. Luego distintos órganos de control externo las auditan de nuevo, además de otras auditorias específicas y de la fiscalización del Tribunal de Cuentas y de su homónimo de la Unión Europea.

Pero no todos en la comunidad universitaria están de acuerdo. El rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, achaca la lentitud en la puesta en marcha del sistema contable a que los propios responsables universitarios son «conservadores» y se resisten a los cambios. A su juicio, la implantación «no es tan difícil, se podía haber resuelto en seis meses». Sin embargo, «como no hay consecuencias por no hacerlo, no cambia nada y las universidades no se matan por implantarlo». Con todo, opina que no hace falta una contabilidad analítica para que las universidades se financien en función de sus resultados o saber, por ejemplo, «si hay que cerrar una titulación que tiene pocos estudiantes».

El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades, Joaquín Moya-Angeler, considera que la implantación de una contabilidad analítica «permitiría saber cómo se usa el dinero» en cada una y, en el caso de los grupos de investigación, se podría saber «cuánto ha gastado y a qué se ha destinado». A su juicio, es imprescindible la transparencia en las cuentas y que se pueda comparar la eficiencia entre unas universidades y otras. Se trata de «un tema central, en el que el Ministerio debería poner más énfasis», opina el representante de los consejos sociales, que son los órganos de enlace entre las universidades y la sociedad.

«En una empresa, se habría implantado en cuatro meses, pero en la universidad llevamos años», lamenta.

Entre tanto, desde el Ministerio de Educación se defiende que la financiación y la gobernanza son pilares básicos de las reformas necesarias en la universidad. Fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert reconocen que falta transparencia en las cuentas de las instituciones académicas y que se debería poner en marcha la contabilidad analítica que se acordó. «Pero una cosa es el acuerdo y otra la voluntad de aplicarla», apuntan.