El Supremo avala el catalán como lengua vehicular en la escuela

Se da la circunstancia de que este alto tribunal declaró nulos en junio de 2012 varios artículos de un decreto de la Generalitat de 2008 que establecía el catalán como lengua vehicular tanto en las actividades internas como externas de las escuelas en el primer ciclo de educación primaria. En los artículos anulados del decreto se establecía que el catalán debía ser la lengua de expresión dentro y fuera del aula.

La última sentencia del Supremo, conocida este miércoles y consultada por ABC, subraya que el decreto impugnado es constitucional porque se limita a garantizar que el catalán sea vehicular, sin que excluya el castellano, en la medida que lo recoge la Constitución y las normas estatales.

Destaca, además, que el decreto alude a que el catalán es la lengua utilizada normalmente en los centros, lo que es «el presupuesto acreditativo de una realidad caracterizada por el uso normal y habitual del catalán en la vida social en Cataluña».

A juicio del alto tribunal, la norma no señala «ninguna exclusión del uso del castellano en el ámbito educativo en el territorio de Cataluña», y tampoco establece ninguna preferencia del catalán imponiendo su superioridad, primacía, predominio o uso prioritario sobre el castellano, añade el tribunal. Sostiene que la coficialidad que prevé la Constitución no se traduce -como alega Impulso Ciudadano- en que cada mención que se haga en la norma reglamentaria autonómica al catalán se acompañe por una mención idéntica y mimética respecto al castellano.

Impulso Ciudadano ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional. José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, calificó la sentencia de «un despropósito», «insólita» y «contradictoria» ya que «no solo no entra en el fondo del asunto sino que el cuerpo de la misma no tiene nada que ver con el fallo final y con el anterior del mismo tribunal que aludía al primer ciclo de educación primaria». Domingo asegura que la esencia del fallo lo que viene a decir es que «los directores de centro deben velar por el uso de las dos lenguas oficiales» y atribuye al actual contexto político «la indefinición de la sentencia».