IU fuerza al PSOE a pronunciarse sobre la Mezquita-Catedral

En el Congreso de los Diputados o el Senado hacen falta 50 apoyos para llevar una ley al Constitucional. En los parlamentos autonómicos, hay que ganar la votación en pleno. Eso quiere decir que IU solo puede sacar adelante el recurso de inconstitucionalidad si los socialistas dan su visto bueno a una norma legal con la que gobernaron durante toda la etapa de Rodríguez Zapatero y que no se alteró, según han denunciado las propias organizaciones que rechazan la constitucionalidad de esa legislación.

El PSOE ha jugado a ambos lados de la línea en el debate sobre la propiedad de la mezquita-catedral. En primer lugar, dio alas a la plataforma que reclama que las administraciones públicas reclamen la propiedad del monumento y anunció la elaboración de un informe legal.

Ese documento lleva meses en elaboración sin que se sepa exactamente por qué razón no se hace público su contenido. De hecho, el Gobierno andaluz no ha tomado determinación alguna al respecto. En debates locales, los socialistas han evitado adoptar una posición clara. En el Ayuntamiento de Córdoba optaron por la abstención cuando el Pleno abordó el asunto.

IU, que se sienta en el Gobierno andaluz con los socialistas, ha abogado de forma inequívoca por que la Junta sea propietaria del primer monumento de la ciudad. Tanto en 2006 como este mismo año se han producido pronunciamientos al respecto .

El secretario del PCA, José Manuel Mariscal, registró una proposición no de ley para que la Junta regulase el uso compartido «de todas las religiones». No consta que budistas, judíos o protestantes hayan reclamado nunca orar en el primer templo de la diócesis de Córdoba y antigua mezquita aljama de la ciudad.

Lo que IU quiere es que el Parlamento de Andalucía -legitimada por las competencias autonómicas sobre patrimonio histórico- recurra los artículos de la ley hipotecaria y de su reglamento de desarrollo que permitieron la inmatriculación -o primera inscripción registral- de la mezquita-catedral y de muchos otros elementos del patrimonio inmobiliario.

Los argumentos son calcados de los que utiliza la plataforma que reclama la titularidad pública , que, a su vez, se encuentran en los artículos que ha escrito su portavoz, el profesor de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez Ramos, sobre el tema.