Ángela González: «¿Cuánto cuesta la muerte de una hija asesinada por su padre?»

«Todos los recursos presentados fueron rechazados, nadie vio ningún error. Me atrevo a decir que ni a esta Justicia, ni a nadie, le importó la muerte de mi hija. Me he sentido invisible», ha dicho acompañada de responsables de la ONG que presentó la demanda ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), Women's Link Woldwide .

Cuarenta y ocho demandas después, Ángela celebra que se haya reconocido que el Estado actuó con neglicencia, aunque haya sido a través de un organismo internacional como la Cedaw. «Lamentablemente ha tenido que ser fuera de mi país, aunque de forma unánime y con el respaldo de 35 miembros de este comité».

«Esto no hay quien lo recompense, pero en parte he sido recompensada porque necesitaba que alguien me diera la razón, que dijera que había habido fallos en la justicia y que mi hija no había sido custodiada. Necesitaba salir a la luz para dejar de ser invisible», ha manifestado visiblemente emocionada. «Los hijos de padres maltratadores se convierten en moneda de cambio con el único objetivo de hacer daño a su madre».

«España tiene la obligación de cumplir con la resolución de la ONU», ha reiterado Paloma Soria, la abogada de Women's Link que defiende su caso. «Es cierto que España ha cambiado las leyes desde 2003 , cuando ocurrieron los hechos, pero debe haber voluntad política y mayor formación en los jueces y funcionarios que intervienen en estos casos». España firmó un convenio con este Comité, que no tiene carácter judicial, por lo que solo podría indemnizar económicamente a Ángela si el Estado instase a la fiscalía a reabrir el caso.

Entre las reparaciones que exigen, reclaman que un alto representante del Gobierno pida disculpas oficialmente a través del BOE, y que, como medida simbólica, se cree un centro para madres maltratadas con el nombre de la niña asesinada, Andrea. «La indemnización económica es una cuestión secundaria», ha dicho Soria.

«Para mí son necesarias, sobre todo, las disculpas de las trabajadoras sociales de Mejorada del Campo (Madrid) que no hicieron correctamente sus informes, y del Defensor del Menor que dictaminó que las visitas fueran en régimen abierto porque no se podía prever lo que iba a pasar», ha dicho Ángela. «Intentaré seguir luchando para que no vuelvan a ocurrir casos de desprotección ante situaciones de maltrato».

«¿Qué haría yo ahora?. Debería haberme ido con mi hija fuera de España. Cuarenta y ocho denuncias no me sirvieron para nada. ¿Y qué diría a otras mujeres? Que denuncien. Al final a lo mejor hacen caso y podemos seguir adelante», ha señalado.