Aprobados 17,4 millones contra la pobreza infantil con críticas de algunas regiones por el reparto

Al término de la reunión la ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó que «se ha utilizado un criterio objetivo y en consenso con la comunidades autónomas». «Durante las dos reuniones preparatorias -indicó- cada autonomía pidió que se tuvieran en cuenta criterios diferentes como lapoblación, la dispersión o la insularidad, pero lo que decidieron es que se iba a utilizar el índice que utiliza la Unión Europea para definir la población en riesgo de exclusión».

La ministra insistió en que más allá de particularidades de cada comunidad autónoma «lo más importante es que se ayude a quien más lo necesita y ese es el objetivo de este fondo». «Es la primera vez que se aprueba una partida extraordinaria contra la pobreza infantil y lo importante es que las comunidades autónomas van a disponer de este dinero para ayudar a las familias más vulnerables», afirmó.

Pese a los argumentos del Ministerio, la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, aseguró que su gobierno ha pedido a Mato que además del indicador Arope -el baremo utilizado por la Unión Europea para medir la pobreza en la población- se tenga en cuenta el número de habitantes de cada comunidad autónoma. «Si se tuviera en cuenta esta variable en lugar de recibir 728.000 euros, Cataluña recibiría dos millones de euros. Una diferencia sustancial», indicó la consejera.

La misma posición defendió la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía , María José Sánchez Rubio. «Estamos a favor de este fondo aunque nos parece poco, ya que 17 millones de euros es la partida que Andalucía destinará este año a luchar contra la pobreza infantil», aseguró la consejera, quien reiteró que no comparte el criterio utilizado por el Ministerio para la distribución. «Hay que corregirlo y tener en cuenta la población infantil que está en situación de vulnerabilidad porque puede haber discriminación entre los niños de unas comunidades y otras», afirmó.

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales de Galicia, Beatriz Mato, reconoció «el esfuerzo» realizado por el Gobierno al poner a disposición de las comunidades autónomas esta partida extraordinaria, pero pidió que «en los próximos repartos se tenga en cuenta también la población porque no es lo mismo tener un millón de habitantes que más».