Al menos en ocho comunidades seguirán abiertos en agosto

Según Unicef, uno de cada cuatro niños españoles se encuentra en riesgo de exclusión. Aunque no hay datos oficiales de malnutrición, Gabriela Junquera, coordinadora de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza, explica a ABC que hay «una correlación directa entre el riesgo de exclusión y la malnutrición». «Si uno cuenta con pocos recursos económicos, uno de los items que se van a ver afectados es la alimentación. El hambre es un fenómeno que está apareciendo y que va en aumento en nuestro país», indica.

Aunque habilitar los comedores escolares no resuelve el problema, la Defensora del Pueblo aseguró la semana pasada que es una medida «razonable», ya que permite garantizar «una alimentación adecuada» a los menores en situación de vulnerabilidad. La respuesta de las comunidades, sin embargo, ha sido muy desigual.

En Cataluña, el fin del curso escolar, y con él el servicio de comedor, se suplirá en buena parte con los campamentos, la mayor parte en julio, que se realizan en los mismos centros educativos. Además, los ayuntamientos complementan unas ayudas de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat que, aunque en aumento, solo alcanzan a las familias con mayores necesidades.

En la Comunidad Valenciana, el Gobierno autonómico ha puesto en marcha un programa dotado con 1,2 milllones de euros para asistir a 2.000 familias en riesgo de exclusión social , además de habilitar comedores escolares. El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, entregará a 700 personas sin recursos una tarjeta de crédito con un saldo de entre 250 y 340 euros para la adquisición de productos básicos de alimentación e higiene.

En el caso gallego, la Xunta anunció la pasada semana que permitirá la apertura de comedores escolares «a quien lo solicite» pese a destacar que abogan por soluciones integrales para las familias más necesitadas.

Por segundo año consecutivo, Canarias, Extremadura y Andalucía abrirán los colegios este verano ante el aumento del índice de pobreza. En el caso de Andalucía, la presidenta, Susana Díaz, aprovechó el acto de cierre del curso escolar para anunciar que la Junta prestará servicio de comedor a 4.500 niños de la comunidad en 55 centros educativos situados fundamentalmente en «zonas de transformación social» de la región.

Igual medida ha tomado Baleares. En Palma de Mallorca habrá 36 comedores escolares abiertos durante julio y agosto y a ellos serán derivados los niños con problemas de alimentación detectados por los Servicios Sociales. Además, el Consell de Mallorca destinará dos millones de euros recuperados de la corrupción a programas destinados a menores en riesgo de exclusión social.

Lo mismo ocurriá en Aragón. Siete comedores de colegios públicos (cinco de Zaragoza capital, uno en Huesca y otro en Teruel) ayudarán a alimentar a niños de familias con muy bajos recursos. El gobierno regional dedicará a ello 720.000 euros, financiados desde el Ministerio de Sanidad. Fuera de estas tres capitales de provincia, también se concederán ayudas directas a familias de escasos recursos que las hayan solicitado a los Servicios Sociales.

Asturias y Cantabria aún no han anunciado sus posibles medidas, mientras que La Rioja, Navarra, Murcia y País Vasco sí han confirmado que no abrirán sus comedores escolares. En el caso de La Rioja, su presidente, Pedro Sanz, apuesta por utilizar una partida del Ministerio de Sanidad para ayudas directas «que sean más discretas y eficaces». Es la postura del mandatario sobre una situación que, en La Rioja, «no es tan grave». Una posición similiar a la del Gobierno vasco, que también mantendrá cerrado sus comedores, ya que «no se detecta esa necesidad». El Defensor del Pueblo vasco, en cambio, alertó de que hay 16.000 menores en la comunidad con problemas de «subnutrición» y ordenó estar vigilantes.

En Navarra tampoco «se han recibido peticiones del ayuntamientos ni de los propios centros», según el departamento de Políticas Sociales. Desde el Gobierno foral se apunta que «no ha habido un repunte de la pobreza infantil durante la crisis», por lo que las ayudas para evitar la exclusión social seguirán dándose a las familias, «como se ha hecho siempre».

El Gobierno de Murcia apuesta por una mayor colaboración interinstitucional en lugar de abrir los comedores. Además, está a la espera de que llegue una partida del Ministerio de Sanidad de 1,1 millones de euros. La cartera de dirige Ana Mato anunció hace un par de semanas que repartirá 17 millones en el próximo Consejo Interterritorial de Servicios Sociales del 16 de julio. Para decidir el destino de los fondos, el Ministerio tendrá en cuenta el indicador Arope de la comunidades que solicitan la ayuda y las características del proyecto presentado, precisaron a ABC fuentes del Ministerio.

En Castilla-La Mancha, Castilla y León y la ciudad de Madrid abogan por medidas alternativas a los comedores. En los próximso días, el Ejecutivo que preside Dolores de Cospedal va a aprobar una serie de medidas para cubrir las necesidades de alimentación de los niños de familias en peligro de exclusión. En el caso de Castilla y León, acaba de aprobar una partida extraordinaria de 1,5 millones para atender posibles necesidades de nutrición infantil de 1.165 niños. A ellos irá dirigida esta prestación de «emergencia», pero siempre para cubrir sus necesidades «en el seno del propio hogar».

En la ciudad de Madrid habrá un servicio de comida a domicilio para menores en riesgo de exclusión, el mismo que ya funciona para los mayores. Atenderá todos los casos que los Servicios Sociales indiquen como necesarios.