Doce comunidades respaldan la aplicación de la ley del aborto

Según explicó la ministra de Sanidad, Ana Mato, dicho informe, que será remitido al Ministerio de Justicia, es «simplemente una valoración sobre el impacto que tiene el anteproyecto» en el SNS «sin entrar en el fondo de la cuestión», pues «el debate político se realizará en otros órganos diferentes», ya que las cuestiones políticas «se han de debatir en el Congreso y el Senado», añadió ante la insistencia de los periodistas y después de los consejeros de las citadas comunidades autónomas criticaran que el informe hubiera sido llevado a ese foro como una forma «encubierta» de dar su apoyo a la reforma de la ley del aborto.

A juicio de la ministra, el anteproyecto de Ley del aborto «mejora y consolida el marco legal» que regula asuntos como la objeción de conciencia, la garantía de prestación de servicios y la mejora de atención a la paciente. Entre las mejoras, citó la inclusión de la prestación de la interrupción del embarazo en la cartera común de servicios y una mayor información sobre métodos anticonceptivos. «No se trataba de debatir políticamente la interrupción del embarazo, sino cómo afecta al sistema sanitario», reiteró.

Preguntada la ministra por si se contempla ampliar el registro de objetores de conciencia a un mayor número de profesionales sanitarios, todos aquellos que de una forma u otra estén implicados en el acto de la interrupción del embarazo, Mato no fue muy explícita y solo se refirió en este punto a que «el texto establece y amplía el marco jurídico de los profesionales respecto al derecho a la objeción de conciencia», asi como que se pretende recoger con mayor fidelidad las sentencias, entre ellas las del Tribunal Supremo, sobre cómo debe quedar regulado este derecho.

Por su parte, en declaraciones a los medios, el consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco, explicó que esas cinco comunidades autónomas pidieron la retirada del punto del orden del día, algo que finalmente no se produjo, y cinco minutos antes de empezarse a debatir esta cuestión, se les entregó «un documento en el que se señala qué aspectos del proyecto de ley afectan a la legislación sanitaria».

El informe sobre el impacto en la normativa sanitaria de la nueva ley del aborto, según el consejero asturiano, constaba de cuatro puntos: objeción de conciencia, ley de cohesión del sistema de salud, otra vinculada a las profesiones y carteras de servicios. Canarias, Cataluña, País Vasco, Asturias y Andalucía aseguraron en la reunión, según el consejero, que era «imposible» analizar el documento con tanta premura y que «lo más razonable» era que ese texto se les hubiera remitido con antelación para poder analizarlo y pronunciarse al respecto.