El «copago» de las ambulancias no urgentes, en punto muerto

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de aquel «copago», que se sumaba al previsto para la prestación ortoprotésica, la dietoterápica y la farmacéutica . Y por ahora el Ministerio de Sanidad no da muestras de que tenga previsto reactivar la medida.

Precisamente, ayer se conoció un informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de decreto que regularía la prestación del transporte sanitario no urgente en el que este órgano consultivo indica que «debería llevarse a cabo una reevaluación del sistema previsto que permita dotar de una mayor eficiencia, claridad y precisión a todo el régimen de gestión, especialmente en lo relativo a los criterios clínicos de racionalización en el uso del transporte sanitario no urgente y en lo relativo al sistema de aportación del usuario».

El informe recuerda que la memoria del proyecto de decreto recoge que «los ingresos que puede suponer la aportación pueden verse compensados por los costes de la gestión de su cobro». La memoria, según refleja el Consejo de Estado, indica que «se podría estimar un ahorro de alrededor de 70 millones de euros », de los cuales 45 millones (equivalente al 10% del presupuesto del transporte sanitario no urgente) resultarían de la aplicación de «criterios de racionalización», y alrededor de 26 millones de los ingresos obtenidos por la aportación del usuario.

Visto bueno para su aprobación

Pese a las observaciones del Consejo, el dictamen entiende que el proyecto de decreto «puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros».

Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguraron ayer a ABC que este departamento va a «estudiar» el informe del Consejo de Estado y, a pesar de que este organismo da su consentimiento para que pueda ser aprobado el decreto, no quisieron confirmar que se vaya a desbloquear por el momento el copago del transporte no urgente en ambulancia.

El informe del Consejo de Estado sobre el decreto sobre transporte sanitario se conoce en plena rebelión de las comunidades autónomas contra otro «copago», el de farmacia hospitalaria, que está encontrando amplia contestación entre gobiernos de distinto signo, incluido los populares.

La propia María Dolores de Cospedal , presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, ha señalado que, aunque cumplirá la ley que obliga a implantar el copago en los medicamentos dispensados en los hospitales, será la Junta la que asuma en exclusiva el coste de esas medicinas. «Yo no le voy a pedir a ningún ciudadano con una enfermedad grave que ayude al pago, aunque sólo sea con cuatro euros», dijo el jueves ante un grupo de periodistas de su comunidad.

Quejas de Rudi ante Rajoy

Aragón, gobernada por la también popular Luisa Fernanda Rudi, sí aplicará el copago farmacéutico hospitalario, pero ha advertido que «se estudiará caso por caso » la situación económica de cada paciente para determinar si se le aplica o no el copago. En la última reunión del comité ejecutivo nacional, el pasado miércoles, Rudi señaló que una medida de este tipo, que afecta directamente a las autonomías, debe ser tratada previamente por el Ejecutivo central con las comunidades.

Para eso está, apuntó, el Consejo Interterritorial de Sanidad. También se mostró crítica con la indefinición de la norma dictada por el Gobierno, porque no establece un plazo cierto, concreto y general que indique desde qué momento debe ser aplicado el copago por parte de todas las comunidades. El Gobierno aragonés considera que esto último genera confusión y complica la propia aplicación de la norma.

Otras comunidades, como Castilla y León y el País Vasco, van más lejos y han recurrido la medida ante los tribunales.

Desde el Ministerio de Sanidad, sin embargo, se insiste en que este «copago» se acordó en diversas reuniones con las propias comunidades y en que «no hay ningún problema» con Cospedal ni el resto de gobiernos del PP.