La nueva ley irlandesa del aborto, más cerca de su aprobación

Con 138 sufragios a favor y 24 en contra, el Ejecutivo de coalición entre el conservador Fine Gael (FG) y los laboristas ha sacado adelante esta controvertida sección de la legislación, a la que se han opuesto algunos miembros de la formación mayoritaria y ha puesto en evidencia la división que provoca este delicado asunto en un país profundamente católico.

Los diputados del Dáil emplearon toda la jornada de ayer y parte de hoy en debatir una fracción de las 165 enmiendas -cada una de las cuales debe ser votada- presentadas durante la última semana para modificar la ley, entre ellas la que pedía la eliminación de la amenaza de suicidio como motivo para abortar.

Con esta victoria parcial para el Gobierno y tras un maratoniano y acalorado debate que se prolongó hasta las 04.00 horas GMT de hoy, el presidente de la sala decidió posponer las votaciones hasta las 15.00 horas GMT, que serán todas favorables a la coalición.

Amenaza de expulsión contra los diputados díscolos

Aunque el Ejecutivo ya confiaba en aprobar la cláusula del suicidio gracias a su mayoría, ha tratado a toda costa de evitar un cisma en sus filas, después de que algún miembro del FG adelantara que votaría en contra, incluida la ministra para Asuntos Europeos, Lucinda Creighton. Al final, Creighton se decantó del lado del partido, mientras que cinco compañeros lo hicieron en contra, por lo que se enfrentan ahora a la expulsión de la formación, según ha advertido el primer ministro, el democristiano Enda Kenny.

Durante el debate, la ministra había insistido en que el aborto "nuca puede convertirse" en un "tratamiento médico" para las embarazadas que pidan la interrupción del embarazo porque tengan tendencias suicidas. Por eso pidió que para estos casos se ofrezcan "terapias alternativas" antes de llegar a la decisión de practicar un aborto .

A este respecto, el ministro de Salud, James Reilly, reconoció que el aborto no debe ser nunca "un tratamiento" contra el suicidio, como tampoco lo es "el asesoramiento, la psicoterapia, los antidepresivos o cualquier otra cosa". Y reiteró que la nueva legislación solo aspira a "proteger la vida", tanto de la madre como del "no nacido".

También Kenny reconoció que este es un asunto "delicado y difícil para la ciudadanía", al tiempo que reiteró que la nueva legislación "no cambia la ley o los derechos". "Se trata de ofrecer claridad y certeza sobre los derechos constitucionales de las mujeres irlandesas, su derecho a la interrupción del embarazo en circunstancias muy específicas cuando existe un riesgo sustancial y real para la vida de la madre", dijo el primer ministro.

Situación legal

En la actualidad el aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre está en riesgo pero está sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas en un país mayoritariamente católico.

La nueva ley, que entrará en vigor antes del próximo 18 de julio, sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas siguiendo directrices muy vagas recogidas en la Constitución.

El texto propone ahora que las interrupciones del embarazo en casos no considerados "de urgencia" se practiquen en unidades de ginecología del servicio público de salud, después de que dos médicos certifiquen que existe un "riesgo sustancial y real" para la vida de la madre. Si se trata de una emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar un aborto para salvar la vida de la embarazada. No obstante, los médicos irlandeses podrán negarse a practicar un aborto por "objeción de conciencia", si bien el hospital seguirá estando obligado a ofrecer la interrupción del embarazo en casos pertinentes.

Pero es la inclusión de la amenaza de suicidio como motivo para abortar la cláusula que más preocupa a algunos conservadores, pues creen que abrirá la puerta en Irlanda a lo denominan "abortos a la carta". A este respecto, el proyecto de ley propone que un comité de tres expertos, compuesto por dos psiquiatras y un obstétrico, evalúe a través de un historial y entrevistas el estado de salud físico y mental de la madre, quien no será interrogada por los tres a la vez, tal y como querían los laboristas, para evitar dar un aire inquisitorial al proceso. Si los expertos dan luz verde, será la madre la que decida seguir adelante con una interrupción, pero si ésta es denegada ella será la única que podrá apelar la decisión ante otra instancia médica compuesta por tres especialistas.